Prisión preventiva para sospechoso de femicidio tras caída de mujer de un edificio del centro

Lo que inicialmente se reportó como un presunto suicidio ha dado un giro radical en las salas de justicia. La caída de una mujer desde el cuarto piso de un edificio en las calles Los Ríos y avenida 9 de Octubre, ocurrida la noche del 7 de abril, es ahora procesada por la Fiscalía General del Estado bajo la figura de femicidio.

Aunque el único testigo presencial sostuvo en primera instancia que la víctima se lanzó por voluntad propia tras una discusión, los elementos de convicción acumulados por los investigadores sugieren un escenario distinto: una muerte violenta gestada en un entorno de agresiones.

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Indicios de una relación marcada por la violencia

El giro en la narrativa fiscal se sustenta, en gran medida, en el testimonio de los familiares. Una tía de la víctima detalló ante las autoridades que su sobrina era objeto de constantes maltratos físicos y psicológicos por parte de su pareja, de 47 años. Estas declaraciones, sumadas a una denuncia formal, desvirtuaron la tesis del incidente aislado.

Incluso se reveló un antecedente alarmante: un intento previo de autolesión por parte de la mujer, el cual habría estado directamente relacionado con la dinámica conflictiva que mantenía con el ahora procesado. Para los investigadores, estos episodios no son hechos aislados, sino el preámbulo de un desenlace fatal condicionado por relaciones de poder.

Pruebas técnicas descartan la tesis del suicidio

Más allá de los testimonios, la ciencia forense aportó la pieza clave para la formulación de cargos. Un informe oficial determinó que el deceso fue producto de una "causa externa violenta", un hallazgo que permitió a la Fiscalía descartar la hipótesis de una caída accidental o un acto voluntario en esta etapa procesal.

Durante la audiencia de calificación de flagrancia, se presentaron además las cadenas de custodia de los terminales móviles de ambos involucrados, así como el acta de levantamiento del cadáver. Con estos insumos, la magistrada a cargo dictó prisión preventiva para el sospechoso, otorgando un plazo de 30 días para la instrucción fiscal.

El peso de la ley y el impacto social

El caso se sustancia bajo el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). De confirmarse la responsabilidad del implicado, este podría enfrentar una pena de entre 22 y 26 años de reclusión. Mientras la justicia sigue su curso, la conmoción persiste en el centro de la ciudad, donde los vecinos aún recuerdan los gritos que precedieron al impacto del cuerpo contra la vereda.