Ley de Aviación Civil: ¿qué cambia para los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Cuenca?

La Asamblea Nacional aprobó el 24 de septiembre, con 88 votos a favor, el proyecto de nueva Ley Orgánica de Aviación Civil. Sin embargo, la normativa todavía no está vigente: debe ser remitida al presidente Daniel Noboa, quien podrá sancionarla, objetarla total o parcialmente o disponer su publicación en el Registro Oficial.

Uno de los cambios que genera mayor atención está relacionado con los aeropuertos cuya gestión está en manos de municipios. La disposición general establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que tienen competencias sobre estas terminales deberán celebrar un “acuerdo de gestión concurrente” con el Gobierno central para continuar con la prestación del servicio aeroportuario.

En Quito, el Municipio mantiene la competencia sobre el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y tiene una concesión con Quiport vigente hasta 2041. La terminal recibió 5,4 millones de pasajeros en 2025 y registró 407.000 toneladas de carga. Con la nueva norma, si entra en vigencia, la gestión municipal deberá ajustarse al nuevo esquema de coordinación con el Ejecutivo.

En Guayaquil, el Municipio tiene la competencia sobre el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, cuya operación está concesionada a Terminal Aeroportuaria de Guayaquil (TAGSA) hasta 2031. La terminal movilizó 4,17 millones de pasajeros en 2025. Además, en marzo de 2026 el Ministerio de Infraestructura y Transporte solicitó una reforma de los estatutos de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil para garantizar la participación del Ejecutivo en su dirección estratégica.

En Cuenca, el Municipio tiene competencias sobre el Aeropuerto Mariscal Lamar desde 2006. A diferencia de Quito y Guayaquil, la terminal no está concesionada a una empresa privada: su administración está a cargo de la Corporación Aeroportuaria de Cuenca (CORPAC), entidad adscrita al Municipio. En 2025 registró 531.629 pasajeros y 7.528 vuelos. Si la ley entra en vigencia, Cuenca también deberá acogerse al mecanismo de gestión concurrente previsto para los GAD con competencias aeroportuarias.

La disposición que genera debate

El cambio ha provocado cuestionamientos de sectores de oposición y del Partido Social Cristiano (PSC), que sostienen que podría afectar las competencias y la autonomía municipal. El asambleísta Alfredo Serrano cuestionó que se incorpore esta obligación cuando ya existen acuerdos de delegación vigentes. Por su parte, Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, defendió la disposición y señaló que permitiría al Gobierno participar cuando eventualmente se renegocien las condiciones de administración de los aeropuertos.