Intervención al Teodoro Maldonado Carbo sin resultados claros: masfias sin rostro en el IESS

Durante años, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC), una de las unidades médicas más importantes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ha sido escenario recurrente de denuncias por irregularidades en compras públicas, problemas de desabastecimiento de medicinas, investigaciones por corrupción y hechos de violencia que han alcanzado incluso a funcionarios y operadores judiciales.

Denuncia del IESS sobre sustracción de medicamentos

La reciente denuncia hecha por el presidente del Consejo Directivo del IESS, Bernardo Cordovez, sobre la presunta sustracción de medicamentos dentro del hospital, volvió a colocar a esta institución en el centro del debate. El funcionario aseguró que las autoridades están actuando contra “mafias” que intentarían provocar desabastecimiento de fármacos y anunció que existe una persona presuntamente involucrada en el hecho.

Sin embargo, hasta el momento no se han difundido identidades, órdenes judiciales ni detalles sobre la magnitud del supuesto robo. La denuncia se refiere a un incidente ocurrido el 14 de agosto de 2026 y fue divulgada públicamente un día después. El hospital permanece intervenido desde marzo de 2026, precisamente con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control, trazabilidad y custodia de medicamentos e insumos médicos.

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Pero la pregunta de fondo sigue abierta: si el hospital se encuentra bajo intervención estatal desde hace más de cinco meses, ¿cómo pudo producirse una nueva presunta sustracción de medicinas? Y más importante aún, ¿es suficiente atribuir los problemas de desabastecimiento exclusivamente a la acción de mafias?

Violencia e intimidación: los crímenes vinculados al hospital

Las sospechas sobre redes de corrupción dentro del Teodoro Maldonado no son nuevas. Tampoco lo es la violencia que ha rodeado a quienes han intentado intervenir o investigar presuntas irregularidades.

Asesinatos de funcionarios y operadores de justicia

El 28 de marzo de 2023 fue asesinada Nathaly López Borja, de 35 años, quien se desempeñaba como directora administrativa del hospital. Había permanecido alrededor de ocho meses en el cargo y, según distintas versiones del entorno, impulsaba procesos de transparencia en contrataciones, adquisiciones de insumos y compra de medicamentos.

López fue acribillada en la ciudadela La Pradera, en el sur de Guayaquil, poco después de salir de la casa de salud. Su muerte provocó conmoción porque ocurrió en medio de denuncias sobre la presencia de estructuras de corrupción que operaban alrededor de los contratos sanitarios.

Menos de un año después, el 17 de enero de 2024, otro crimen sacudió al país. El fiscal César Suárez, quien había investigado casos relacionados con corrupción y delincuencia organizada, incluyendo procesos vinculados al Teodoro Maldonado, fue asesinado cuando se dirigía a una audiencia. El funcionario había reportado amenazas, pero no contaba con protección policial.

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A estos antecedentes se sumó el asesinato de Carlos Maruri Torres, jefe de Operaciones del hospital, quien fue atacado a tiros en marzo de 2026 en el sur de Guayaquil.

La sucesión de estos hechos ha contribuido a fortalecer la idea de que alrededor del hospital existen intereses económicos ilícitos suficientemente poderosos como para recurrir a la intimidación o la violencia. Sin embargo, más allá de las sospechas y declaraciones públicas, las investigaciones judiciales no han establecido una relación directa y definitiva que permita atribuir estos crímenes a una misma estructura criminal.

Análisis técnico y estructural de la crisis sanitaria

Para Gustavo Dávila, presidente de la Alianza Nacional por la Salud, el problema trasciende al Teodoro Maldonado y forma parte de una crisis estructural del sistema sanitario público. “Estos son actos que no son aislados en este hospital ni en todos los hospitales del IESS del país. La problemática de corrupción que dificulta el acceso y abastecimiento de medicamentos e insumos que requieren pacientes con patologías crónicas, catastróficas y raras viene arrastrándose desde hace varios años”, sostiene.

Dávila recuerda que en distintas ocasiones han aparecido denuncias sobre medicamentos caducados, fármacos almacenados irregularmente, productos falsificados y otros hechos que incluso han derivado en procesos judiciales. Consultado sobre la existencia de mafias enquistadas en hospitales públicos, el dirigente asegura que los pacientes son los primeros afectados por las irregularidades.

“Las mafias a las que hacen referencia no pasan por los pacientes a quienes nos debemos; somos los directamente afectados por un sistema sin acciones y que no es capaz de vencer estos problemas”, afirma.

Gestión hospitalaria y rigor judicial

Las denuncias sobre robo de medicamentos suelen generar la idea de que esa es la causa de los problemas de abastecimiento. Sin embargo, especialistas advierten que el fenómeno es más complejo. Francisco Andino, exministro de Salud, considera que la solución no puede limitarse a controles policiales o intervenciones administrativas.

Según el experto, cualquier proceso de intervención debe estar acompañado por un modelo eficiente de gestión sanitaria que garantice planificación, seguimiento epidemiológico y estabilidad administrativa.

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Pedro Aguirre, experto en seguridad y crimen organizado, señala que cuando una institución acumula denuncias reiteradas de corrupción, pérdidas de insumos, amenazas y homicidios de funcionarios, resulta necesario investigar si existen redes que operan de forma permanente alrededor de los recursos públicos.

No obstante, advierte que desde una perspectiva técnica no basta con hablar de “mafias”. Para demostrar la existencia de una organización criminal se requieren investigaciones financieras, análisis patrimoniales, interceptaciones autorizadas judicialmente y sentencias que establezcan responsabilidades.

“La narrativa de las mafias puede describir una sospecha razonable, pero jurídicamente una estructura criminal debe probarse. Mientras no existan procesos concluidos y responsables identificados plenamente, las denuncias públicas seguirán generando dudas y explicaciones urgentes”, analiza.