Federación de Fiscales condena el ataque armado a funcionario en Salinas: exige cero impunidad
La Federación Latinoamericana señala que el ataque no fue un hecho aislado, sino parte de la ola de violencia que sufren los servidores judiciales en Ecuador
Un secretario de la Fiscalía de Salinas fue asesinado cuando llegaba este lunes a laborar
Lo que debes saber
- Un ataque armado terminó con la vida del funcionario judicial José Luis Merchán Perero al llegar a la sede de la Fiscalía de Salinas.
- La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) advirtió que acudirá a instancias internacionales si el Estado no garantiza la protección debida.
- El gremio regional demandó una investigación penal exhaustiva e inmediata adopción de esquemas de protección efectiva para los funcionarios judiciales.
El asesinato del abogado José Luis Merchán Perero, secretario de la Fiscalía de Salinas asignado a la Unidad de Delitos Acuáticos, perpetrado el 17 de agosto de 2026 cuando arribaba en su vehículo a las instalaciones de la institución, encendió las alertas en la región sobre la vulnerabilidad que enfrentan los operadores de justicia y derivó en un reclamo formal de seguridad ante las autoridades ecuatorianas.
Justicia
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Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez
Ataques contra operadores de justicia en Ecuador
La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) señaló que este atentado no corresponde a un suceso aislado, sino que forma parte de un patrón de agresiones mortales dirigidas contra fiscales, secretarios y personal judicial en el país.
De acuerdo con el pronunciamiento del organismo, la falta de políticas de protección integral por parte de las entidades competentes no solo vulnera la vida de los funcionarios, sino que compromete la independencia judicial y debilita el Estado de derecho frente al avance de las organizaciones delictivas.
Advertencia de acciones ante organismos internacionales
El gremio recordó a la Fiscalía General del Estado, a la Corte Suprema y al Poder Ejecutivo de Ecuador la existencia de obligaciones internacionales que exigen garantizar la integridad de los miembros del Ministerio Público. En este sentido, citó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala y la Masacre de La Rochela vs. Colombia, donde se fijaron responsabilidades estatales por omitir salvaguardas a operadores de justicia.
Ante la falta de medidas preventivas, la organización advirtió que recurrirá a tribunales y mecanismos internacionales de derechos humanos para exigir la determinación de responsabilidades por inacción estatal. Asimismo, el caso fue remitido formalmente a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite.
Exigencias urgentes al Estado ecuatoriano
Frente a la situación de riesgo que atraviesan los funcionarios en el país, la FLF —representada por su presidente, Willian M. Rosa, y su secretaria general, Susana Pernas— formuló dos requerimientos específicos:
- Investigación penal exhaustiva: esclarecer los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del homicidio de Merchán Perero.
- Medidas estructurales de seguridad: implementar esquemas de resguardo efectivos para fiscales y servidores judiciales en todo el territorio ecuatoriano.
La organización regional, integrada por colegios y asociaciones fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, puso a disposición asistencia técnica basada en los Estándares de Seguridad para Fiscales y sus Familias (IAP, Helsinki 2008) y la Declaración de San José de 2024 para estructurar protocolos de protección.
Investigación del caso avanza
Anderson Muñoz, alias Guayaco; Francisco León y Anny Crespo son los tres aprehendidos que estarían vinculados con el crimen del abogado José Luis Merchán Perero, secretario de la Fiscalía de Salinas en el área de Delitos Acuáticos.
La detención de los sospechosos, quienes recibieron prisión preventiva durante la audiencia de flagrancia, se produjo en un inmueble de caña ubicado en la zona de Montañita, donde presuntamente residían.
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