sEGURIDAD EN gUAYAQUIL
Ecuador suma 1.150 cámaras retiradas: ¿qué dice la ley sobre su instalación?
El ECU 911 ha retirado estos dispositivos en distintas ciudades. La normativa permite instalar cámaras dentro de propiedades privadas, pero fija restricciones
Algunas de las cámaras que fueron este 24 de agosto retiradas estaban colocadas en puntos elevados para captar calles e intersecciones de los barrios intervenidos.
Los puntos claves
- 1.150 cámaras han sido retiradas en Ecuador durante aproximadamente un año de operativos.
- Solo 82 equipos han sido devueltos a propietarios que lograron acreditar su pertenencia.
- Al menos 200 cámaras han sido retiradas en nueve operativos realizados en Guayaquil.
- 30 días tienen los propietarios de una cámara retirada para acreditar su propiedad ante el ECU 911.
La instalación de cámaras de videovigilancia se ha vuelto cada vez más común en Ecuador. Viviendas, urbanizaciones, negocios y barrios recurren a estos equipos como una herramienta de seguridad. Sin embargo, no todas las cámaras pueden colocarse en cualquier lugar.
El ECU 911 informó este lunes 24 de agosto que 1.150 cámaras instaladas de forma irregular han sido retiradas en el país durante aproximadamente un año de operativos. De ese total, apenas 82 han sido devueltas a personas que lograron acreditar que eran sus propietarias.
La cifra volvió a tomar fuerza tras un operativo realizado en el norte de Guayaquil, donde fueron desmontadas unas 40 cámaras ubicadas en las ciudadelas Acuarela del Río y Brisas del Río, además de sectores cercanos como Sauces y Guayacanes.
Pero ¿qué puede hacer una persona que quiere colocar una cámara para proteger su vivienda o negocio y cuándo esa instalación pasa a ser irregular?
¿Se puede instalar una cámara en una propiedad privada?
Sí. Los ciudadanos pueden instalar sistemas de videovigilancia dentro de sus propiedades. El problema aparece cuando los equipos son colocados en espacios públicos o bienes que no pertenecen al propietario, como postes de alumbrado.
El Decreto Ejecutivo 214, emitido en marzo de 2024, amplió las competencias del ECU 911 y estableció que esta entidad regula la interoperabilidad de los sistemas y plataformas tecnológicas públicas y privadas que requieran conectarse con el servicio de seguridad.
Por eso, una cámara instalada dentro de una vivienda no tiene el mismo tratamiento que un equipo colocado en un poste público para vigilar una calle.
En los operativos realizados en Guayaquil, precisamente, una de las principales verificaciones consiste en determinar dónde está instalado el dispositivo y si cuenta con la autorización correspondiente.
Pasaportes, celulares, cámaras y dinero en efectivo fueron encontrados durante la intervención policial en una residencia de vía a la costa, en Guayaquil, la semana anterior. .
¿Qué pasa con las cámaras colocadas en postes?
Es uno de los principales puntos de control de las autoridades.
En junio, por ejemplo, fueron retiradas 28 cámaras colocadas en postes de alumbrado público en La Florida, en el norte de Guayaquil. Ese mismo día se desmontaron otras 25 cámaras en la cooperativa Juan Montalvo. Las autoridades señalaron que algunos de estos equipos eran utilizados para vigilar zonas donde se realizaban operativos de seguridad.
El ECU 911 ha explicado que las cámaras instaladas en espacios públicos requieren autorización de la entidad.
La preocupación de las autoridades no se limita al lugar donde están instalados los equipos. También importa quién los controla, qué zonas están captando y para qué se utiliza la información obtenida.
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En algunos de los operativos, como lo ha venido publicando EXPRESO, se han encontrado cámaras con megáfonos, sistemas de reconocimiento facial e incluso equipos conectados a centros de monitoreo instalados dentro de viviendas.
¿Por qué el ECU 911 interviene estos sistemas?
El Decreto Ejecutivo 214 convirtió al ECU 911 en la entidad encargada de regular, coordinar y controlar el servicio de videovigilancia dentro de sus competencias. La norma también le asigna la regulación de la interoperabilidad de sistemas tecnológicos públicos y privados que requieran conectarse con el servicio.
A esto se suma el Decreto Ejecutivo 397, de septiembre de 2024, que dispuso que los sistemas de videovigilancia vinculados con la seguridad ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados y entidades creadas por estos interoperen y proporcionen acceso al ECU 911 bajo los parámetros establecidos.
- La lógica es que los sistemas destinados a seguridad no funcionen completamente al margen de la estructura estatal de respuesta ante emergencias.
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¿Qué ocurre si retiran una cámara que sí es mía?
El retiro de un equipo no significa necesariamente que el propietario lo pierda de forma definitiva.
Según el ECU 911, quienes consideren que una cámara retirada les pertenece pueden acudir a la entidad para acreditar la propiedad. Para ello pueden presentar la factura del equipo o una declaración juramentada.
El plazo establecido para realizar este trámite es de 30 días.
En los puntos intervenidos, además, los funcionarios dejan sellos para informar sobre el retiro y explicar el procedimiento que puede seguir el propietario.
La diferencia está, entonces, entre demostrar que el equipo pertenece a una persona y demostrar que su instalación en determinado lugar era legal.
Una discusión que también incluye la privacidad
- La Superintendencia de Protección de Datos Personales ha señalado que la videovigilancia debe responder a una finalidad legítima y que la ubicación, orientación, cantidad y características de las cámaras deben ser proporcionales al objetivo de seguridad. También plantea que se debe limitar la captación de imágenes a lo estrictamente necesario.
- Esto significa que una cámara no debería convertirse en una herramienta de vigilancia generalizada de un barrio. Su ubicación y campo de visión deben responder a una finalidad concreta y evitar una captación excesiva de datos personales
Alrededor de 25 cámaras fueron desmontadas durante un operativo ejecutado en el norte de Guayaquil el pasado 30 de junio.
Ecuador busca una regulación más amplia
La discusión sobre las cámaras también llegó a la Asamblea Nacional. En 2026 se tramita un proyecto de Ley Orgánica de Regulación de Sistemas de Videovigilancia que busca establecer un marco integral para la instalación, operación, interoperabilidad, acceso y control de estos sistemas.
La propuesta plantea, entre otros puntos, un Registro Nacional de Sistemas de Videovigilancia y reglas para los equipos instalados en espacios públicos y privados.
Mientras esa normativa avanza, el ECU 911 mantiene los operativos para identificar y retirar sistemas instalados de manera irregular.
En Guayaquil, nueve intervenciones ya han permitido retirar al menos 200 cámaras.
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