Comerciantes de Riobamba resisten intervención municipal en mercado La Merced

Comerciantes de los mercados La Merced y General Dávalos en Riobamba mantienen desde hace catorce días bloqueado el ingreso de maquinaria pesada, pernoctando en los exteriores de la infraestructura comercial para impedir la ejecución de un proyecto de remodelación impulsado por el Municipio local. Durante la jornada diurna operan con normalidad, pero en las noches se organizan por turnos para dormir bajo carpas y plásticos junto a sus familias.

Pugna legal y falta de acuerdos

La medida de resistencia surge ante la falta de socialización de los proyectos de intervención integral y la ausencia de un plan de contingencia formal. Los trabajadores sostienen que las obras carecen de planificación y los despojaría de su única fuente de ingresos de manera abrupta, afectando de forma directa la estabilidad de decenas de dependientes.

El alcalde Jhon Vinueza desestimó la protesta ciudadana y justificó la intervención argumentando que su administración ejecuta decisiones que gestiones previas evitaron por temor político. Además, la Alcaldía de Riobamba atribuye la resistencia a un grupo reducido de vendedores que mantiene una deuda acumulada de 60.000 dólares con la municipalidad.

Para frenar los trabajos de infraestructura, la defensa técnica de los vendedores presentó una acción de protección cuya audiencia está programada para este miércoles. José Luis Díaz, abogado patrocinador del gremio, detalla que la diligencia constitucional busca retrotraer el proceso a la fase de información previa y socialización, alegando una vulneración de garantías debido a una evidente improvisación de última hora por parte del cabildo.

Denuncias de presunto boicot sanitario

El conflicto administrativo escaló en los últimos días tras el anuncio municipal de una campaña de desratización en la zona de abastos. María Lazo, presidenta de la asociación de comerciantes, denunció un presunto boicot institucional contra los trabajadores.

Según los registros de videovigilancia monitoreados por los propios vendedores, personas a bordo de un vehículo presuntamente municipal habrían colocado roedores muertos en las inmediaciones para generar una alerta sanitaria artificial. Los afectados rechazan las versiones oficiales e insisten en que gestionan el control de plagas mediante mingas continuas y la contratación de empresas privadas.

Pese a la tensión con el cabildo y las amenazas de desalojo, la afluencia de clientes se mantuvo al máximo de su capacidad durante el reciente feriado. La resolución judicial de esta semana determinará si la obra avanza bajo los términos actuales de la administración local o si se ordena una planificación que garantice la continuidad laboral de unas 60 personas, en su mayoría madres solteras y adultas mayores.