Caso Zoila Suárez “34 años de los hechos y 11 años desde que se inició un proceso”, dijo la defensa

Han transcurrido 34 años desde la muerte de Zoila Amada Suárez, madre adoptiva de Juan Fernando Hermosa, conocido como el “Niño del Terror”. Sin embargo, la audiencia de juzgamiento del proceso iniciado en 2015 todavía no se ha instalado, según denunció Sebastián Andrade Yánez, abogado del general de Policía en servicio pasivo Juan Ruales Almeida.

En entrevista con EXPRESO, el defensor cuestionó que su cliente continúe sujeto a medidas cautelares mientras espera una fecha para el juicio. Su reclamo plantea una discusión sobre la demora judicial y sus efectos en un caso que también debe esclarecer las circunstancias de la muerte de Suárez.

“Son 34 años de los hechos y 11 años desde que se inició un proceso”, manifestó Andrade. Según explicó, existe un auto de llamamiento a juicio desde julio de 2016, pero no se ha convocado a la audiencia para debatir las pruebas y determinar responsabilidades.

La muerte de Zoila Suárez durante la captura del Niño del Terror

Suárez murió el 16 de enero de 1992, durante el operativo del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía Nacional para capturar a Hermosa en una vivienda del norte de Quito.

La Fiscalía investigó su muerte como un asesinato en el contexto de una grave violación a los derechos humanos. Según la tesis que expuso la institución, la mujer habría sido ejecutada extrajudicialmente mientras dormía. Hermosa, a quien se atribuían asesinatos de taxistas y otras personas, fue capturado ileso.

En cambio, Andrade sostiene que Suárez murió durante un fuego cruzado en la incursión policial.

La Fiscalía informó que el proceso penal comenzó el 25 de septiembre de 2015. El 8 de junio de 2016 emitió dictamen acusatorio contra trece personas: nueve como autores, una como cómplice y tres como encubridores.

El abogado señaló que varios procesados recibieron sobreseimientos en la etapa preparatoria de juicio y que su defendido permaneció vinculado como presunto autor directo.

La defensa cuestiona la falta de una fecha para el juicio

Según Andrade, durante estos años se han producido cambios en la integración del tribunal, sin que se concrete el juzgamiento. Identificó el 20 de marzo de 2024 como la fecha de la última actuación jurisdiccional, relacionada con las medidas cautelares de uno de los procesados.

“No hay ningún tipo de justificación”, sostuvo al ser consultado sobre las explicaciones que habría recibido por la demora.

El defensor negó que los acusados hayan realizado maniobras para dilatar el proceso. No obstante, al preguntarle por solicitudes recientes para fijar la audiencia, reconoció: “La verdad, hace mucho tiempo que no”.

También afirmó que desde 2018 permanece pendiente un pedido para analizar la prescripción de la causa. Según su versión, Fiscalía se opuso, pero el tribunal no ha resuelto esa solicitud.

La defensa cuestiona la aplicación de la imprescriptibilidad y argumenta que debe considerarse la legislación vigente cuando ocurrieron los hechos. La Fiscalía, por su parte, sostuvo al judicializar el caso que se trataba de una grave violación a los derechos humanos y que, por esa condición, no prescribía.

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Las medidas cautelares y sus efectos sobre Juan Ruales Almeida

Andrade indicó que Ruales tiene 67 años y mantiene la prohibición de salir del país, la prohibición de enajenar sus bienes y la obligación de presentarse semanalmente ante la Fiscalía en Carcelén.

Según el abogado, estas restricciones han afectado actividades laborales y familiares. Entre las consecuencias, mencionó que su cliente no pudo asistir al matrimonio de uno de sus hijos en el exterior.

El defensor describió esta situación como “una condena sin sentencia”. Esa expresión refleja su valoración sobre los efectos de las medidas cautelares, mientras su cliente continúa procesado.

También precisó que las más de 500 comparecencias que menciona la defensa corresponden al conjunto de procesados, no exclusivamente a Ruales.

Las pruebas y el esclarecimiento de la muerte de Suárez

Sobre la participación de su defendido, Andrade afirmó que Ruales integró un segundo grupo de policías y que ingresó después de que se produjeran los disparos. Sostuvo que esa versión deberá sustentarse durante el juicio.

La defensa cuestiona, además, que los proyectiles que causaron la muerte de Suárez provinieran de armas policiales. En 2016, Fiscalía informó que los peritajes realizados con asistencia de expertos colombianos respaldaban su tesis sobre disparos efectuados por agentes del Estado.

Andrade reconoció que el tiempo transcurrido supone un reto para presentar testimonios y pericias, debido a la posible pérdida de testigos o especialistas. 

Para el abogado, la salida es que el tribunal convoque al juzgamiento: “Se señala fecha y hora para la audiencia de juicio”. Aseguró que su defendido está dispuesto a comparecer y sostuvo que esa diligencia permitiría confrontar las versiones sobre lo ocurrido el 16 de enero de 1992.