El ultimátum de la CAN para eliminar aranceles llega a su fin

Este jueves vence el plazo de diez días hábiles que la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) fijó para que Ecuador y Colombia retiren mutuamente los aranceles y tasas que se impusieron desde febrero. Ninguno de los dos países ha dado señales formales de acatar la orden. 

Lo que sí está claro es el daño acumulado: tres meses de guerra arancelaria han contraído el comercio bilateral, afectando cadenas productivas y empujando a empresas de ambos lados a buscar mercados alternativos.

El costo en cifras

Los números muestran el costo de estos tres meses. Según la nota técnica difundida el pasado miércoles por la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), con base en cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), las exportaciones no petroleras hacia Colombia sumaron $ 198 millones en el primer trimestre de 2026, un retroceso del 3% frente al mismo período de 2025. 

Pero el deterioro es más visible mes a mes: 

Xavier Rosero Carrillo, presidente ejecutivo de Fedexpor, advierte que los exportadores ecuatorianos ya reportan reducción en la intención de contratos. 

"Los compradores de Colombia les han anunciado que estarían cotizando con México, Brasil, China y Perú para productos que pueden ser reemplazables", señaló. 

Si bien aún no hay despidos, confirma reducción de jornadas en algunas empresas por menor volumen.

Rosero también señaló que las resoluciones de la CAN "abren un espacio para que ambos países puedan abordar la problemática de seguridad fronteriza con el mismo nivel de prioridad que la reanudación del comercio bilateral normal."

Las empresas ya sienten el golpe

En el terreno empresarial, las consecuencias ya son concretas. 

Álvaro Lucero, del sector de depósitos temporales aduaneros, las describe en cifras: con el arancel en 30% las importaciones cayeron entre 40% y 60%; con el 50%, al 70%. "Los costos fijos no desaparecen aunque las bodegas estén vacías", dice.

Miguel Yépez, del gremio de agentes afianzados de aduana de Tulcán, apunta que muchas agencias ya solo trabajan tres días por semana. A fin de mes, advierte, vendrían cierres definitivos y será complicado retomar el rubro en el futuro.

El caso de Plasticaucho, una empresa ecuatoriana que opera en el mercado colombiano, ilustra el impacto. 

Jorge Andrés Zuluaga, presidente de Plasticaucho Colombia, cifra el daño: "Dejamos de importar desde Ecuador materias primas importantísimas para fabricar la bota campesina y agropecuaria. 

Como grupo, eso representa dejar de comprar $ 2 millones aproximadamente al Ecuador en lo que resta del año." 

La suspensión de compras de calzado de lona —marca Venus— suma entre 700.000 y 800.000 pares anuales que ahora se buscan en China.

En Colombia, la planta tuvo que ampliar su producción para compensar, pero eso no se traduce en ganancias: "Estamos marginando para sobrevivir. Estamos en una economía de guerra", dice Zuluaga. 

Las plantas ecuatorianas, en cambio, probablemente tendrán que achicarse. El grupo ya explora Venezuela como mercado alternativo. "Nos tocará reinventarnos", reconoce. 

Un conflicto político con consecuencias económicas

Olivia Deizgranados, de la Cámara de Comercio Colomboecuatoriana, advierte que lo que se pierde va más allá de las cifras: "Detrás de construir un mercado hay inversiones, creación de empresas, acatamiento a normas sanitarias, fitosanitarias, todo el andamiaje institucional que requiere operar en otro país. 

Eso lo están perdiendo ambos países." Su diagnóstico es directo: "Estas medidas tomadas al criterio irresponsable de los presidentes afectaron a todo un sistema económico, social y productivo."

Freddy Cevallos, de la Cámara Ecuatoriana-Colombiana de Comercio, matiza: "El arancel no va a ayudar, las tasas adicionales no ayudan a disminuir la inseguridad, pero lo que se ha logrado es que Colombia tome en serio esta necesidad." 

Para él, cuando llegue el acuerdo político, la recuperación será rápida: "Será como abrir dos puertas y que la gente vaya corriendo de Ecuador a Colombia y de Colombia a Ecuador." Zuluaga no comparte ese optimismo: "Nos escalamos en una guerra que no condujo a ningún lado."

En cuanto al horizonte, Cevallos apuesta por julio si las elecciones colombianas dan un giro favorable. 

Zuluaga es más cauteloso: Ecuador está atrapado entre dos vecinos en proceso electoral, Colombia al norte y Perú al sur, ambos con posibilidad de gobiernos de izquierda con quienes Noboa no tiene diálogo. 

"Aquí hay que gobernar para todo el mundo, no para un partido", sentencia. Plasticaucho ya lo asumió así y sus presupuestos están diseñados para operar en economía de guerra durante todo el año.

"Todavía tenemos dos meses negros por delante", dice. Colombia, en cambio, ya busca salidas. Los empresarios retoman a Venezuela como destino comercial, apoyados en acuerdos firmados cuando Caracas salió de la CAN. 

La proximidad geográfica que antes hacía de Ecuador un socio natural ahora favorece a ese mercado. 

Ecuador no suscribió esos acuerdos y la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, heredera del chavismo, tampoco tiene una relación cordial con Noboa.

Qué puede hacer Ecuador ante la orden de la CAN

La CAN emitió el 7 de mayo las resoluciones 2581, 2582 y 2583, que declaran ilegales la tasa de control aduanero ecuatoriana y los aranceles recíprocos de Colombia. 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) intentó relativizar la obligación, señalando que lo emitido "no es una sentencia del Tribunal Andino, sino una resolución administrativa". 

Para el abogado Marcelo Bodero, especialista en derecho supranacional andino, esa postura es "un error, y error grave": las resoluciones de la Secretaría General son de cumplimiento obligatorio e inmediato, sin importar que no provengan del Tribunal.

Ante las resoluciones, Ecuador tiene dos caminos dentro del sistema andino: 

Ambas vías son válidas, pero ninguna suspende la obligación de cumplir. "Eso no inhibe, no le quita ejecutividad a la resolución", advirtió Bodero. Es decir, aunque Ecuador presente un recurso, igual tendría que retirar la tasa dentro del plazo.

Si opta por no acatar y deja que el proceso escale al TJCAN, las consecuencias pueden ser mayores. 

El exministro Francisco Ballén advirtió que esa vía abriría la posibilidad de que Colombia solicite la suspensión de beneficios comerciales a exportaciones ecuatorianas. 

Los precedentes no favorecen al país.En 2015, una salvaguardia cambiaria del gobierno de Rafael Correa tardó varios años en resolverse y le costó entre $ 50 y $ 60 millones; en 2018, una situación similar terminó con Ecuador retirando una tasa en menos de quince días, tras haber recaudado $ 28,1 millones en siete meses.

Hay además un elemento institucional que agrava el silencio de Ecuador: Ecuador ejerce actualmente la presidencia pro tempore de la CAN, cargo que recae en el presidente Daniel Noboa. 

No pronunciarse sobre las resoluciones del organismo que preside coloca al país en una posición sin precedentes dentro del bloque. 

Daniel Legarda, exministro de Producción, fue directo: "Las decisiones acá deben ser técnicas y esto debe abrir el espacio al diálogo de los dos Gobiernos."