Sentencia de la Corte Constitucional en caso CNT: el impacto en indemnizaciones laborales

La Corte Constitucional dejó sin efecto las decisiones judiciales que permitieron incorporar a servidores públicos de carrera de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) a los beneficios económicos de la contratación colectiva.

La sentencia, notificada el 5 de octubre de 2026, concluyó que una acción de protección presentada en el año 2022 fue utilizada para modificar el régimen laboral de estos trabajadores y extenderles beneficios que, según el tribunal, no les correspondían.

La Corte determinó que los servidores de carrera de CNT están sujetos a un régimen laboral distinto y que no correspondía utilizar una acción de protección para incorporarlos a la contratación colectiva. Además, señaló que los jueces de Manabí carecían de competencia territorial para conocer el proceso y concluyó que hubo una desnaturalización de la garantía constitucional.

El impacto en indemnizaciones laborales

El efecto más relevante de la sentencia es económico, ya que CNT deberá realizar una liquidación individualizada y recuperar los valores que fueron pagados a los trabajadores como consecuencia de las decisiones ahora anuladas. Un informe económico previo de la empresa estimó el impacto en $7,93 millones, aunque la cifra final dependerá de la liquidación individual de cada beneficiario. La devolución podrá acordarse mediante descuentos en los roles de pago, con un plazo máximo de 36 meses.

CNT deberá determinar cuánto recibió cada trabajador y establecer la forma de recuperación de esos recursos.

Más de 3.000 funcionarios accedieron a beneficios económicos

El caso se originó en febrero de 2022, cuando dirigentes de trabajadores de CNT solicitaron que los servidores públicos de carrera fueran incorporados al régimen de contratación colectiva. Una acción de protección presentada ante jueces de Manabí fue aceptada y posteriormente ratificada, lo que permitió que más de 3.000 funcionarios accedieran a beneficios económicos y sociales. Entre ellos estaban incrementos salariales, horas extras, indemnizaciones y jubilación patronal, incluidos valores retroactivos.