Prohibición europea sobre uso de pesticida desafía a sectores agrícolas ecuatorianos

Las empresas importadoras de agroquímicos de Ecuador entregarán esta semana a la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) una propuesta para retirar completamente del mercado el clorpirifos, un pesticida utilizado en cultivos agrícolas que ha generado rechazo en la Unión Europea, la cual prohibió su uso desde 2020 por considerarlo nocivo para la salud y para el comercio global.

La industria calcula que la transición podría tomar entre 36 y 40 meses, plazo que la autoridad deberá evaluar antes de fijar fechas y acciones de salida.

El clorpirifos es un insecticida organofosforado —un grupo de sustancias que actúan en el sistema nervioso de los insectos— utilizado para combatir plagas del follaje y del suelo, como insectos chupadores, larvas, gusanos, etc.

Fichas técnicas de empresas importadoras y comercializadoras recomiendan su uso en diversos cultivos como arroz, maíz, soya, café, tomate riñón, pitahaya y varias musáceas, entre ellas banano, orito y plátano.

Serapio Arana, presidente de la Asociación de la Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal (APCSA), explica que el proceso comenzó cuando Agrocalidad solicitó a las empresas reportar en diez días las existencias nacionales del producto, que ascienden a unos 1,6 millones de litros. Con esa información se conformó una mesa técnica junto con los ministerios de Ambiente y Salud para definir los insumos necesarios del plan de gestión.

“Aquí lo que manda es la ley y los aplicadores de la ley”, afirma Arana, quien adelanta que el primer documento oficial con el cronograma definitivo podría conocerse durante la primera o segunda semana de julio. 

Mientras tanto, sostiene que la posición del sector es permitir que el inventario ya importado o en tránsito se consuma en el país, en lugar de destruirlo. “Lo único que le hemos pedido a la autoridad es que nos permitan dejar que el producto se consuma en Ecuador”, resume.

Según Arana, encontrar un sustituto con la misma eficacia no es sencillo, porque la mayoría de alternativas requiere combinar varias moléculas para alcanzar resultados similares. Por ello, la industria propone que la transición se ajuste a la curva real de consumo y advierte que un retiro acelerado podría generar desabastecimiento y aumentos de precios antes de que existan reemplazos consolidados.

En el sector bananero, Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Bananeros del Ecuador y productor en Los Ríos, asegura que la transición comenzó hace varios años. En su lugar, los productores recurren a ingredientes activos como bifentrina, azufre y piriproxifeno, aunque reconoce que el cambio ha elevado los costos: donde antes una funda con clorpirifos costaba entre 85 por millar, ahora la combinación de productos eleva el valor hasta los 140.

El sector exportador de banano ya se ha referido anteriormente a las notificaciones europeas. La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) sostiene que las exigencias europeas deben considerar las "realidades productivas de los países tropicales y favorecer transiciones graduales". El gremio también destaca que las notificaciones por residuos requieren investigaciones para determinar su origen, ya que algunas pueden obedecer a contaminaciones cruzadas.

Torres añade que la presión para abandonar esta molécula proviene principalmente de Europa, que mantiene controles sobre residuos en las importaciones agrícolas. Hasta el 11 de junio, el banano ecuatoriano acumulaba siete notificaciones relacionadas con clorpirifos, según el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea. Para el dirigente, el problema es que los mercados exigen estándares más estrictos sin compensar económicamente los mayores costos de producción.

Lo que resolvió la autoridad fitosanitaria

Esta presión en el mercado se porque el pasado 19 de mayo, Agrocalidad prohibió la importación de productos formulados, materias primas y mezclas que contengan clorpirifos, además de cancelar los trámites de registro relacionados con esa molécula. La medida se fundamenta en la incorporación del ingrediente activo al anexo A del Convenio de Estocolmo durante la COP-12 de 2025 y en el artículo 15 de la Constitución, que prohíbe el ingreso de agroquímicos internacionalmente restringidos.

La resolución también obligó a las empresas a reportar sus existencias y a presentar, bajo lineamientos del Ministerio de Ambiente, un plan de gestión y disposición final de esos inventarios.

Advertencias

Sin embargo, la propuesta de extender por tres años el consumo de las existencias remanentes encuentra cuestionamientos. Eduardo Sánchez Timm, docente investigador de la Facultad de Ciencias de la Vida de la ESPOL, recuerda que el clorpirifos es un neurotóxico que puede afectar el desarrollo cerebral y que los grupos más vulnerables son los niños y los fetos. “Puede traspasar fácilmente la placenta”, advierte, al tiempo que señala que el compuesto también puede adherirse al polvo y a superficies domésticas.

Sánchez sostiene que mantener la comercialización de los inventarios, como piden los agricultores, dificultaría reducir las detecciones de residuos en las exportaciones. “Mientras lo sigan vendiendo, vamos a seguir encontrando las trazas”, afirma. El investigador considera que el país debería avanzar hacia mecanismos de acopio y disposición controlada del producto para evitar que continúe llegando a las fincas y prolongando los riesgos comerciales.

Una posición más crítica mantiene Alex Bustos, consultor de Agronegocios de la Organización de las Naciones Unidas, quien considera que interpretar la disposición de los inventarios como una autorización para seguir agotándolos en el mercado nacional “es una barbaridad”. A su juicio, la resolución de Agrocalidad habla de definir cómo deshacerse de las existencias y no de extender su utilización.

Aunque Bustos reconoce que la búsqueda de sustitutos y las pruebas en campo demandan tiempo, por ello sostiene que la discusión desde ya debe involucrar a los actores clave de la cadena productiva y de la investigación. “Tiene que haber una discusión entre el productor, el exportador, la agencia sanitaria del país y la academia. No imponer cosas de ningún lado”, afirma. En esa discusión, agrega, las prioridades deben ser claras: “Primero la salud humana, segundo el riesgo de perder mercados y tercero los costos”.

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