Nueva ley del cacao
Cacaoteros de Ecuador piden que su voz se incluya en nueva ley del sector
El proyecto se unificó con iniciativas listas para segundo debate. Gremios buscan que se escuchen sus planteamientos en precios, investigación y representación

Productores y exportadores coinciden en pedir voz en la ley del cacao, aunque debaten sobre precios.
Lo que se sabe
- La Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario aprobó unificar el proyecto cacaotero con otras iniciativas y llevarlo al texto que avanza hacia segundo debate.
- Tres asociaciones consultadas señalan que no han participado en la construcción del proyecto ni recibido una invitación formal al tratamiento en comisión.
- El sector plantea que la nueva ley defina mejor la representación territorial, fortalezca al INIAP y permita que calidad, origen y sostenibilidad se traduzcan en mejores ingresos para el productor.
La Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero aprobó, el martes 15 de septiembre de 2026, unificar el Proyecto de Ley para el Fomento e Innovación del Sector Cacaotero Ecuatoriano -presentado por la asambleísta Esperanza Rogel el 27 de mayo- con el texto único que agrupa a otras seis iniciativas agropecuarias, ya en fase previa al informe para segundo debate. La decisión, tomada apenas en la primera sesión en que se trató el proyecto, avanzó con 6 votos a favor.
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La propuesta según Rogel busca producir más, transformar mejor y vender con mayor valor el cacao ecuatoriano. Para ello plantea crear los Lineamientos Estratégicos Nacionales del Cacao (LENCE), una Mesa Técnica del Cacao con representantes del sector y del Estado, y un rol reforzado del INIAP en investigación. Pero al consultar a tres asociaciones del sector, surgieron posturas y matices que hasta ahora no constan en el debate legislativo, pues ninguna ha sido considerada en la construcción de la nueva ley.
Iván Ontaneda, quien al momento de la entrevista, realizada el 22 de septiembre, presidía la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao del Ecuador (Anecacao), defendió el modelo actual: sostiene que el libre mercado ha permitido que el productor ecuatoriano capture gran parte del precio internacional, y pone como ejemplo que, mientras el cacao ecuatoriano recibió precios altos en los últimos dos años, productores de países africanos con precios regulados percibieron menos de la mitad. Por eso, pide que la ley “se convierta en una herramienta de incentivo y facilitación” y advierte sobre la fijación de precios por decreto: “cuando el precio es manipulado, es complicado. Y ahí hay una línea muy fina que se puede confundir entre manipulación de un precio y politización de un precio”.
Para Fernando Crespo, presidente de la Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma (APROCAFA), el análisis del precio también debe partir de la posición del productor. Recuerda que el precio de referencia del cacao se define en las bolsas de Nueva York y Londres, “donde intervienen la oferta y la demanda, la industria, los comerciantes, los fondos de inversión, los especuladores y muchos otros participantes”, mientras que los productores que enfrentan el clima, las plagas y el trabajo diario en la finca “pocas veces tienen una participación proporcional al valor que generan”. Su postura es que el origen, la calidad y la sostenibilidad del cacao ecuatoriano se traduzcan en mejores ingresos para el productor, algo que hoy no ve reflejado en el proyecto: lo describe como un conjunto de “generalidades” y pregunta directamente cuál sería el mecanismo para lograrlo.
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La Comisión de Soberanía Alimentaria unificó la nueva ley para el sector con otras seis iniciativas agropecuarias durante la primera sesión en que se trató el proyecto.
El sector cuestiona su participación
La discusión también llega a la representación territorial. Telmo Macías, presidente de la Unión de Organizaciones Productoras de Cacao Arriba Esmeraldas (UOPRICAE), cuestiona que el proyecto se construya sin suficiente participación de los agricultores y con desconocimiento de los planes de desarrollo cantonales y parroquiales. Para Macías, estos planes, por su cercanía con los territorios, deberían servir de base para construir desde abajo los lineamientos nacionales que propone la ley.
Sobre la Mesa Técnica del Cacao, pide que la representación no sea solo una persona por región -Costa, Sierra y Amazonía-, sino un delegado por provincia, dado que la realidad productiva varía incluso dentro de una misma región.
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Los tres líderes gremiales dijeron a EXPRESO que se enteraron del proyecto de ley por redes sociales, cuando el tema tomó fuerza pública, y ninguno ha recibido hasta ahora una invitación formal para participar en el tratamiento en comisión, aunque esperan que ocurra en las próximas semanas.
Ontaneda fue enfático en que el proyecto aún debe recoger los aportes de quienes integran la cadena productiva antes de avanzar hacia el segundo debate. A su criterio, la comisión y la Asamblea Nacional no están frente a una carrera contra el tiempo y deben priorizar una propuesta que refleje la dinámica real del sector cacaotero ecuatoriano. De lo contrario, advirtió, el resultado podría ser “un disparo en el pie”.
“Lo más importante es que se recoja y que se entienda de manera clara la dinámica real que tiene el sector productivo de cacao en el Ecuador”.
En paralelo a las entrevistas con las tres asociaciones, este medio solicitó una entrevista con la presidenta de la comisión Janina Rizzo, pero hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.
¿Cómo se unificó el proyecto?
La moción para unificar el proyecto cacaotero con el texto que reúne otras seis iniciativas agropecuarias fue presentada por el vicepresidente de la comisión, Juan Gonzaga, quien sustentó su pedido en la seguridad jurídica y en la necesidad de consolidar en un solo cuerpo normativo las propuestas afines. Recordó que, mediante ese mismo mecanismo, ya se habían incorporado iniciativas sobre el plátano, el café, la crianza de cuyes, el precio mínimo de sustentación de la papa y la apicultura.
La iniciativa fue respaldada por la asambleísta Marjorie Rosado y aprobada con 6 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones, de un total de 10 asambleístas presentes.
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Gonzaga pidió después reconsiderar la votación, pero la moción no prosperó: obtuvo 4 votos a favor y 6 en contra (incluido el de Gonzaga). Así, se mantuvo la decisión de incorporar el proyecto de fomento e innovación del sector cacaotero al texto que avanza hacia el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
La investigación, entre las prioridades que plantea el sector
Crespo también puso el foco en dos temas técnicos que, dice, deberían guiar la investigación que promete la ley: ajustar los niveles permitidos de cadmio en el cacao “a la realidad, no a los intereses de ciertas industrias chocolateras”, y desarrollar variedades resistentes a plagas, ante el riesgo de que una enfermedad afecte de forma masiva al CCN-51, la variedad que hoy domina buena parte de la producción nacional. Reconoce que el INIAP “hace un buen trabajo”, pero advierte que sus avances en genética no se difunden entre los productores por falta de fondos.
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En esa línea, Ontaneda también considera necesario: “Seguir investigando e invirtiendo en genética, en tecnología. En mejorar no solamente las prácticas agrícolas sino las prácticas industriales”, señala. Para el dirigente, el sector debe enfocarse en las variables que sí puede controlar: “calidad, productividad y genética”.