Bienes y servicios, bajo la lupa de trazabilidad fiscal del SRI

El presidente Daniel Noboa firmó el 3 de junio de 2026 el Decreto Ejecutivo N.° 398, que reforma el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno (RLRTI) e incorpora un sistema de:

El objetivo es fortalecer el control tributario, prevenir actividades ilícitas y reducir la evasión fiscal en el país.

Hasta ahora, estos mecanismos solo se aplicaban a productos sujetos al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE), como licor y cigarrillos. Con la reforma, el Servicio de Rentas Internas (SRI) definirá mediante resolución qué sectores y contribuyentes quedarán obligados. 

La norma contempla dos herramientas: los Componentes Físicos de Seguridad (Cfs) —códigos o sellos visibles en productos y envases— y los Componentes Digitales de Seguridad (Cds), conectados a una plataforma integral que recopila información sobre producción, nacionalización y comercialización.

¿Qué cambia con la plataforma integral?

Pablo Hidalgo Romero, docente de la Universidad Internacional del Ecuador (Uide) y analista tributario, precisó que el decreto no crea de inmediato un sistema de marcación para todos los productos del país. 

Lo que hace es ampliar la base legal para que el SRI pueda implementar estos mecanismos de forma progresiva, sector por sector. "No es solamente poner un QR, sino realmente construir una base de datos integrada que permita seguir la trayectoria económica de un producto", afirmó. 

Esa plataforma articulará información sobre producción, nacionalización, distribución y comercialización en un solo sistema, cerrando los espacios que hoy existen cuando los datos están dispersos en distintas fuentes.

Hidalgo Romero además explicó que al incorporar la fase de nacionalización, el decreto abre la puerta a una posible integración con la aduana. 

Esto permitiría rastrear un producto desde su importación hasta su venta final, conectando al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) con distribuidores y comercializadores. Desde una perspectiva tributaria, eso significa cerrar el ciclo completo: importación, distribución y venta al consumidor final en un mismo registro integrado.

La evasión fiscal equivale al 7,7% del Producto Interno Bruto (PIB), según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y solo por Impuesto a la Renta de personas naturales el país deja de percibir $1.121 millones al año. 

¿Qué servicios entran en el radar fiscal?

Katia Yépez Padilla, abogada tributaria y socia de Vérité Legal & Compliance, explicó que la gran novedad es la inclusión de servicios."Esto de darle seguimiento en todas sus etapas a cómo se produce, se trae, se vende, estaba dado para ciertos productos sensibles", dijo. 

Ahora el decreto extiende esa lógica a servicios profesionales, digitales e internacionales, donde hay mayor evasión porque operan fuera del radar del sistema financiero.

Napoleón Santamaría, experto tributario, advirtió que los servicios digitales del exterior son uno de los sectores con evasión más intensa: 

Los contribuyentes residen en Ecuador pero canalizan pagos hacia cuentas en el exterior para evadir el control. Hidalgo Romero agregó que telecomunicaciones, plataformas digitales y casas de apuestas son sectores que podrán incorporarse mediante resoluciones posteriores. 

"Si tú ves el tema de las casas de apuestas, manejan mucho dinero y muchas veces es muy complicado el rastreo, justamente porque no están domiciliadas aquí", afirmó. 

El mecanismo cruzará consumos con ingresos declarados y generará alertas cuando no coincidan. "No es que va a haber un policía detrás de cada uno, sino que los sistemas informáticos van a empezar a saltar cuando las piezas no encajen", dijo Santamaría.

¿Cómo se articula con el comercio exterior?

Los expertos consultados  coinciden en que la trazabilidad va mucho más allá del control tributario. Yépez Padilla explicó que el mecanismo podría articularse con la resolución que el Comité de Comercio Exterior (Comex) ya emitió para verificar que productos importados desde China no provienen de cadenas con trabajo forzoso ni infantil. 

Santamaría agregó que el sistema debe concatenar al Comex, al SRI y a la Senae para presentar registros verificables ante Estados Unidos, que amenaza con un arancel del 10% a países que no controlen el origen de sus importaciones. 

"La trazabilidad termina siendo una herramienta de comercio exterior fundamental para que nuestros productos no sean castigados en los mercados internacionales", aseguró.

¿Cuáles son los desafíos?

Hidalgo Romero advirtió que la implementación tiene costos elevados, tanto para el Estado como para las empresas, que deberán integrarse al sistema con nuevos mecanismos digitales como códigos QR y plataformas de reporte. 

También aclaró un punto clave sobre los servicios internacionales: si el servicio se presta desde Ecuador, tributa aquí; si se genera y ejecuta en el exterior, corresponde tributar en ese país. 

En ambos casos, "la normativa está hecha para hacer un control específico de quién contrató, quién cobró, cuánto se pagó, qué impuesto y cómo se registra contablemente", precisó. El beneficio, sin embargo, justifica la inversión: mayor recaudación y menor evasión para todos.

El decreto establece el qué, pero el cómo está pendiente. Las empresas enfrentan obligaciones técnicas cuyos plazos y costos de implementación todavía no están determinados. Yépez Padilla advirtió: "El SRI tiene que decir quiénes son los sujetos obligados, qué sectores, qué productos, en qué plazo y qué condiciones".