Este viernes 16 de junio a las 11:00 en la sala 2 piso 4 de la Unidad Judicial Mariscal Sucre, ubicada en la Av. Juan León Mera y Veintimilla se conocerá si es que queda sin efecto la designación del procurador Juan Carlos Larrea.

En su contra fue presentada una acción de protección por parte de Nelson Raúl Rodríguez Durán quien señala al procurador Juan Carlos Larrea Valencia por incurrir en un supuesto conflicto de intereses y en las prohibiciones para ser designado. Será la reinstalación de la audiencia pública que se instaló el miércoles 24 de mayo del 2023 a las 09:30.

El fallo debe ser dictado por la jueza Nubia Vera Cedeño, de la Unidad de Familia Mariscal Sucre. Entre los demandados también está el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). 

La pretensión del demandante es que se declare la supuesta violación al derecho constitucional a la seguridad jurídica por parte del CPCCS y dejar sin efecto a la designación de Larrea Valencia como procurador.

La acción de protección se presentó en octubre de  2022 previo a la posesión del PGE. El argumento del accionante es una supuesta prohibición que, según el Código Monetario, solo aplica a superintendentes de Bancos y Compañías, no a al procurador. Al no encontrar impedimentos legales la Asamblea posesionó al funcionario el pasado 15 de noviembre en el pleno Legislativo. 

La resolución en este caso se dará después de ocho meses de haberse presentado la acción. En la audiencia la defensa del procurador señaló que la prohibición establecida en el artículo 7 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

Con la acción se busca cesar de funciones a una autoridad del Estado, vulnerando la seguridad jurídica de lo claramente establecido en la Constitución, fue una de las alertas que emitió el secretario Jurídico de la Presidencia Juan Pablo Ortiz. 

"Pretenden remover a las autoridades de control legítimamente designadas a cualquier costo. Se ha presentado una acción de protección en contra del Procurador General del Estado que es absolutamente ilegal" escribió en su cuenta de Twitter el pasado 6 de junio.

Añadió que la acción es improcedente, "no solo por la incompetencia procesal de la jueza de primer nivel, sino también porque el CPCCS ya agotó el proceso de selección, incluyendo la fase de impugnación ciudadana. Rechazamos cualquier abuso en contra del orden democrático", señaló.