La próxima semana pudiera quedar en firme la condena de ocho años de cárcel para el expresidente Rafael Correa y otros, sentenciados por cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016.

Mañana concluye el plazo para presentar las solicitudes de aclaración y ampliación del fallo de mayoría del tribunal de casación integrado por Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra. La resolución fue leída el lunes y notificada por escrito menos de 24 horas después.

Paúl Ocaña, defensor de Teodoro Calle, anunció que el viernes presentará los recursos. Posteriormente acudirá a la Corte Constitucional con un recurso extraordinario.

Alfonso Zambrano, defensor de Rafael Correa, señaló que aún no les notifican con la resolución a ninguno de los tres defensores y una vez que reciban el documento decidirán. Zambrano adelantó que una vez propuestos los recursos internos se podrá recurrir ante el Sistema Iinteramericano de Derechos Humanos.

Además precisó que la sentencia condenatoria, una vez ejecutoriada, no se suspende ni por el recurso de revisión (que pueden presentar ante la misma Corte Nacional adjuntando prueba nueva), ni por la acción extraordinaria de protección.

El lunes, el tribunal de casación ratificó la sentencia de primera instancia que declaró la culpabilidad de Correa y 19 personas señaladas por integrar una estructura delincuencial dedicada a la captación de sobornos de empresarios a cambio de contratos de obra pública.

Para el tribunal quedó claro que los valores ofertados o prometidos por los empresarios fueron entregados en unos casos en efectivo a quien fungía como recaudadora de los sobornos, Pamela Martínez, exasesora de Correa por 1’004.500 dólares. Ella, para dar la apariencia de legitimidad a los dineros recibidos, en algunos casos utilizó su empresa a Nexoglobal.

Esos dineros fueron entregados a los integrantes de la estructura en efectivo o en supuestos préstamos, como es el caso del líder de la red (Correa), dijo el tribunal.

Los jueces concluyeron que las ofertas presentadas por los funcionarios públicos fueron entregadas por los empresarios a través de un denominado ‘cruce de facturas’, mecanismo para el recibimiento de aportes ilegales con los que las contratistas cancelaban a los proveedores de PAIS por sus gastos.

Entre ellos servicios de alimentos, publicidad, sabatinas, convenciones, fiestas de cumpleaños, seguridad privada por $6’793.080,61. Los registros de contactos, montos y aportantes se actualizaban periódicamente.

Del efectivo se detalla que 100.000 se entregaron a Gustavo Bucaram en beneficio de Viviana Bonilla, 100.000 a Christian Viteri, 365.000 a Alexis Mera a través de su asesor Pedro Espinoza y 433.500 a Martínez través de Nexoglobal. Ellos negaron la acusación. Las empresas involucradas son Fopeca, Metco, Sanrib, Consermin, Hidalgo, TGC, Equitesa, SK y Azulec. 

El detalle

Modificación. Los conjueces redujeron a nueve meses la pena 38 meses de Pamela Martínez y subieron a ocho años la de Alberto Hidalgo.Defensa.