Una comisión ocasional de mayoría correísta investigará “el caso denominado El Gran Padrino”. Para constituirla, el pleno violó su propia ley orgánica y pasó por encima de la voluntad de una de las bancadas cuya representación debía asegurar. Haciendo gala de sus cada vez más refinadas técnicas para pasarse por el forro las leyes y los reglamentos, los asambleístas de mayoría escribieron una resolución en la que empiezan citando el artículo que se disponen a violar. Quizá para no dar apariencia de encubridores, hasta el oficialismo votó a favor.

Las acusaciones contra Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, estaban siendo investigadas por la Comisión de Justicia desde la semana anterior. Y la Comisión de Fiscalización venía tratando los casos de corrupción en las eléctricas desde julio. Ahora bien: según el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para crear una comisión ocasional con un fin determinado es indispensable exponer las razones por las cuales ese fin no puede ser cumplido una de las comisiones permanentes (y no era el caso pues el fin estaba siendo cumplido ya). Más aún: el artículo 26 de la misma ley establece que, cuando una comisión ha emprendido un proceso de fiscalización, ninguna otra podrá tratar la misma materia. ¿Cómo sortearon este obstáculo legal tan evidente? Fácil: crearon la nueva comisión ocasional invocando el artículo 24 y prohibieron a las permanentes tratar el tema invocando el 26.

La comisión quedó integrada por la correísta Viviana Veloz, el socialista que vota con los correístas Diego Esparza, el independiente amigo de los correístas Augusto Guamán, la correísta de corazón Mireya Pazmiño, el socialcristiano aliado de los correístas Pedro Zapata, Rodrigo Fajardo de la Izquierda Democrática y Gruber Zambrano por la bancada oficialista. Que Mireya Pazmiño aparezca ahí representando a Pachakutik es una burla amarga contra esa bancada que el pasado mes de mayo la expulsó de sus filas y que específicamente había propuesto otro nombre (el de José Chimbo) para integrar la comisión. El nombre de Pazmiño lo propuso el también disidente de Pachakutik Peter Calo, que enfrenta cargos de estafa inmobiliaria ante la justicia ordinaria (algo muy apropiado para una comisión anticorrupción). Por esta causa, la bancada de Pachakutik fue la única que no apoyó la conformación de la comisión.

La moción fue presentada por la asambleísta separada de la Izquierda Democrática Yeseña Guamaní, convertida en voluntariosa aliada de sus sepultureros, es decir, de los bloques que la echaron de la vicepresidencia. Guamaní, que gusta atribuirse “sabiduría” en el Twitter y parece haber entrenado entonación verbal en la escuela de Gabriela Rivadeneira (más que hablar, declama), hizo un llamado para “no tratar la corrupción de manera unilateral”. Lo que sea que eso signifique. El tema entró como cambio del orden del día en una sesión destinada a fines muy diferentes. En efecto, el contralor general del Estado, el procurador, el presidente del Tribunal de lo Contencioso Electoral y la presidenta del Consejo Nacional Electoral habían sido convocados para rendir sus informes y ahí quedaron esperando cuando el presidente encargado, el socialcristiano Esteban Torres, decidió tratar primero lo que usualmente queda para el final.

El debate fue largo, pues nunca faltan voces que se sumen cuando el cargamontón contra el Gobierno es fácil. La diferencia la marcó el presidente de la Comisión de Fiscalización Fernando Villavicencio. Él recordó que a Hernán Luque, el director de las empresas públicas involucrado en las denuncias, lo ha llamado para declarar en cuatro ocasiones y siempre le ha dejado plantado. Hizo notar que el esquema de corrupción en las eléctricas fue montado en tiempos del correísmo y sigue el mismo ‘modus operandi’ de la refinería Esmeraldas. Y recomendó no dejar fuera de las investigaciones a Ronny Aleaga, el legislador correísta metido hasta el cuello en la piscina. A las vinculaciones de Aleaga con el esquema de corrupción que se investiga se refirieron  varios legisladores. Hay quien cree que la idea de quitarle el caso a las comisiones de Justicia y Fiscalización tiene precisamente el objetivo de dejar a Aleaga fuera. 30 días tiene la nueva comisión ocasional para presentar su informe. Villavicencio y los suyos (el Grupo Parlamentario Anticorrupción) esperan presentar el suyo en 15. Después de todo, ellos no son una comisión, nadie les prohíbe.

No hace falta que los oigan

La víspera, en la primera jornada de recepción de informes de labores en la Asamblea, la fiscal Diana Salazar se quejó de que nadie la escuchara. Ahora, tras hacerlos esperar cuatro horas, el presidente encargado Esteban Torres animó a sus colegas a tampoco oír al contralor, al procurador, a la presidenta del CNE... Les dijo que no habría receso el almuerzo y les recomendó organizarse para que “mientras están las comparecencias podamos en pasillo servirnos algún sánduche”.