Cansados de esperar acciones del Estado ecuatoriano, ahora buscan instancias internacionales. Los familiares de los presos asesinados en las masacres dadas en 2021 y 2022 se han organizado para acudir por segunda vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exigir los derechos de las personas privadas de libertad”.

Fernando Bastias, abogado defensor del Comité de Familiares por Justicia en Cárceles (colectivo integrando por personas que han perdido a un allegado en las masacres dentro de las prisiones), precisó que el primer pedido se realizó en la sesión 184 del organismo, en donde también participaron representantes del Estado ecuatoriano y se comprometieron a cumplir con las reparaciones integrales, que además de ser sugeridas por la CIDH, fue una recomendación de la extinta mesa de pacificación y de la nueva política pública de rehabilitación social del Ecuador.

Pero en esa ocasión se pidió que se garantice la integridad personal y la vida de los reos, así como el establecimiento del orden y control en las prisiones del Ecuador y la actualización de información de las cárceles de forma periódica. “Pero vemos que no hay control en cárceles y permanecen las extorsiones y muertes”.

Actualmente, la CIDH solicitó una ampliación de información sobre el pedido realizado por las familias. “La medida cautelar se ingresa ante la comisión y cuando haya resuelto y es a favor, pero el Estado no la cumple, esa medida cautelar es enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Sin embargo, frente a las amenazas de extorsiones que han recibido los familiares y a la constante vulneración de derechos humanos a los reos y sus familias, se animaron a una nueva demanda de acción de protección para reparar de forma integral a las familias de las víctimas de la masacre.

En septiembre de 2022, los familiares de las víctimas participaron en un Tribunal Popular por Justicia en las Cárceles, ahí se determinó una sentencia que señaló la violación de once derechos humanos de los convictos asesinados y sus familias.

Ahí se determinó que se deben emitir disculpas públicas del Estado por la responsabilidad de las masacres, construir protocolos de acceso a la información a las personas privadas de libertad y crear mecanismos administrativos de exigibilidad; otorgar asistencia psicológica progresiva a las familias y ayuda a los huérfanos y viudas de las masacres, entre otros.

Con base en esa resolución se pedirá a la CIDH la nueva demanda de acción de protección para la reparación integral. Dicha acción legal se ingresará en los mismos juzgados del Ecuador. “Creemos que sí se va a cumplir porque incluso fue un ofrecimiento del presidente Guillermo Lasso en 2021, no es solo el tema económico sino las garantías de una no repetición y la certeza de la atención psicológica para los presos y las familias que perdieron a un ser querido, entre otras acciones”.

Hasta mientras, familiares de las víctimas de las masacres tratan de unirse con allegados de los asesinados en cárceles de otras provincias para engrandecer el número de integrantes del Comité de Familias por Justicias en las Cárceles.