La via para la expropiacion de tierras esta despejada

Fue una votación muy corta. La aprobación del informe sobre la objeción presidencial a la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales demoró apenas 15 minutos.

Así, la Asamblea cerró el capítulo completo de esta nueva normativa que tiene 132 artículos, 12 disposiciones generales y 24 transitorias.

Estas últimas se aplicarán en plazos de 180 días hasta cinco años. Incluyen temas como las adjudicaciones de tierras, el registro de propiedades, la atención de trámites paralizados o la regularización del derecho de posesión.

La ley se publicará en el Registro Oficial y entrará en vigencia. Sin embargo, esto no significa que las expropiaciones, uno de los temas polémicos de la iniciativa verde flex, o la redistribución de tierras, por ejemplo, serán inmediatas. Para que eso sea una realidad correrá tiempo.

La Autoridad Agraria Nacional (AAN), la nueva institucionalidad que se aprobó en la norma, tendrá 90 días para inscribir a las tierras mayores a 200 hectáreas en la Sierra; 1.000 en la Costa; y 1.500 en la Amazonía y Galápagos.

También habrá dos años para concluir los trámites de titulación de tierras rurales estatales en favor de sus posesionarios.

Tras ese mismo plazo, las tierras rurales que hayan permanecido inexplotadas serán expropiadas y declaradas de utilidad pública o interés social. Aquellas que estén en juicio o con reclamo administrativo por más de cinco años, serán declaradas de utilidad pública y destinadas a la redistribución.

La Autoridad Agraria, en un plazo de 180 días, a partir de la vigencia de la ley, verificará el cumplimiento de la función social y ambiental de las tierras.

Pero los representantes de Pachakutik en la Asamblea no creen que se cumpla con este calendario. El legislador de esa organización y miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, César Umajinga, dijo a EXPRESO que esperar dos años para la titulación de tierras estatales a sus posesionarios es demasiado tiempo. “Estos temas no pueden prolongarse”, sentenció.

Su pesimismo tiene un antecedente: la Ley de Aguas, que tiene un año y medio de vigencia, pero todavía no se aplica.

La asambleísta por la Alianza PAIS-Pachakutik Chimborazo, Rosa Elvira Muñoz, admitió que los plazos no siempre se cumplen y hay falencias. Pero, destacó que en el caso de la Unidad Productiva Familiar, que tiene un plazo de 180 días para establecer la extensión, ya hay estudios adelantados por los gobiernos autónomos.