Hay avances, pero la situación dista de ser la ideal. La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) inicia desde hoy una visita de cinco días para evaluar la situación del país. Su retorno se produce luego de casi diez años de tensas relaciones con el gobierno de Rafael Correa. Por eso, el examen no se limitará a los últimos acontecimientos, a raíz del cambio de régimen.

El relator Édison Lanza y la abogada de la Relatoría, Tatiana Guasti, recibirán en audiencia a los periodistas y directivos de los medios de comunicación. Uno de los temas que serán abordados son las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

César Ulloa, vicepresidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), dijo a Diario EXPRESO que, en principio, la postura de este y otros gremios relacionados a la comunicación y la libertad de expresión es que esta normativa debe ser derogada.

La Asamblea retomará el debate sobre los cambios a la LOC en septiembre y a finales de este año tendría aprobado un documento final. “Pediremos a la Relatoría que mantenga el seguimiento hasta tener los resultados en el Legislativo, pero además para que observe cómo el Ejecutivo aplica los cambios”, adelantó Ulloa.

La libertad de expresión no es un tema que atañe únicamente a periodistas y medios de comunicación. Varias organizaciones de la sociedad civil y activistas expondrán su situación a Lanza en Quito y Guayaquil.

César Ricaurte, director de Fundamedios, le dijo a EXPRESO que está previsto que dirigentes de la extinta Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Fundación Pachamama dialoguen con los delegados de la Relatoría. Ambos entes fueron disueltos por la aplicación de los decretos 16 y 739.

Aunque el presidente Lenín Moreno derogó en octubre pasado ambas disposiciones legales y expidió el decreto 139, solo Pachamama recuperó su reconocimiento jurídico. La UNE sigue suspendida y las organizaciones sociales sostienen que la nueva normativa no aleja al ‘fantasma’ de la disolución.

Otros temas que serán abordados son: seguridad para periodistas e impunidad; diversidad, pluralismo y medios comunitarios; acceso a la información pública; protesta social y libertad de expresión e Internet en Ecuador.

Sobre este último punto, activistas políticos como Fernando Villavicencio sostienen que poco o nada ha cambiado. La semana pasada reclamó que, por sexta ocasión en lo que va del actual Gobierno, fue cerrada su cuenta en Twitter. Lo considera una represalia.

El director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos del Ecuador (Aedep), Francisco Rocha, asegura que estos temas no son ajenos para la Relatoría. “Hemos venido trabajando con la CIDH y la Relatoría. El último resumen se hizo el año pasado en la reunión que tuvo la comisión”, manifestó.

Los detalles

Vinculación

Luego de esta visita, la Relatoría elaborará un informe sobre la situación de la libertad de expresión en el país. Ricaurte reconoce que las conclusiones no son vinculantes y que depende de la voluntad de las autoridades acogerlas.

Criminalización

Organizaciones como Ecuarunari informarán a Lanza sobre las dificultades que dicen tener los indígenas para asociarse. Yaku Pérez, su presidente, también expondrá que todavía existe criminalización de la protesta social en el Austro.

Encuentro

Los delegados de la Relatoría también mantendrán un encuentro con el presidente Lenín Moreno. El 17 de abril pasado fue el mandatario quien extendió la invitación formal para que esta instancia de la CIDH visite el país.