Caso Triple A: Hay fecha para la audiencia preparatoria de juicio de Aquiles Álvarez
En la diligencia se conocerá el dictamen acusatorio de la Fiscalía y se revisarán las medidas cautelares
El juez Renán Andrade, de la Unidad Judicial Anticorrupción, fijó la fecha para la audiencia preparatoria de juicio en contra de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, procesado por el presunto delito de comercialización ilegal de combustible, en el denominado caso Triple A.
La diligencia se desarrollará del 27 al 30 de mayo de 2025. Durante esas fechas se presentará el dictamen acusatorio de la Fiscalía, junto con los elementos de convicción en contra de los procesados. Las defensas, por su parte, podrán argumentar sobre vicios o sobre la falta de las evidencias.
Además, se revisarán las medidas cautelares, entre ellas la impuesta al alcalde Álvarez, quien se ha negado a usar un grillete electrónico alegando problemas cardíacos. Esta negativa llevó al fiscal del caso, Carlos Alarcón, a solicitar una audiencia para pedir la prisión preventiva.
Procesados en el caso:
- Aquiles David Álvarez Henríquez
- Juan Carlos Arias Tapia
- Juan Dionisio Araujo Saldarriaga
- Edgar Edmundo Campoverde Abril
- Lady Juliana Cedeño Toala
- José Ricardo Cevallos Avellán
- María Elisa Criollo Espadero
- Olga Cecilia Ortega Loaiza
- Fausto Vinicio Vaca Gonzaga
- Jessenia Monserrate Vélez Orellana
- Edgar Moisés Flores Torres
- Rosa Marbella Ortiz González
- Gloria María Salazar Solano
- Carolina del Rocío Troya Cubiña
- Raúl Arnold Zambrano Orellana
- Empresas involucradas:
- Fuelcorp S.A.
- Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.
- Comercializadora de Combustible Corpalubri S.A.
- Indudiesel S.A.
- Harsajudi S.A.
- Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A.
¿Qué es el caso Triple A?
El caso Triple A es una investigación que involucra a empresas vinculadas a Aquiles Álvarez, así como a personas naturales, acusadas de participar en una red dedicada a la comercialización ilegal de combustible. Según la Fiscalía, en estas operaciones se detectaron irregularidades en la distribución de diésel subsidiado, especialmente en zonas fronterizas, puertos marítimos y fluviales.
Aquiles Álvarez ha declarado públicamente que el caso “no tiene ni pies ni cabeza”, y sostiene que se trata de una persecución política impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, cuyo objetivo —según él— sería lograr su encarcelamiento.
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