Cruce de acusaciones y nuevas rupturas en curso. A pocas horas de que se instale el juicio político a los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ), se intensificaron los señalamientos de que lo que está detrás de este proceso es un nuevo intento de ‘metida de mano a la Justicia’.

Las sospechas tienen asidero si se toman en cuenta las potestades que alcanzó esta entidad en la Constitución de 2008, con capacidad de seleccionar, evaluar, ascender o sancionar a los jueces y demás servidores de la Función Judicial, entre otras atribuciones.

Para el abogado Arturo Moscoso, el diseño actual pone al CJ incluso por encima de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) “y eso puede llevar a desconocer sentencias y resoluciones”. Y agregó “que los más interesados son los partidos involucrados en procesos judiciales”.

El jefe de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) y aliado del correísmo en esta y otras causas, Esteban Torres, negó que ese sea el objetivo. Sostiene que es el Gobierno el que quiere tener el control de la justicia al apoyar a la actual Judicatura. “El hecho de remover a unos vocales no significa que jurídicamente haya incidencia en procesos que tienen sentencias ejecutoriadas. En lo jurídico no cambia o no debería cambiar absolutamente nada”, dijo.

Ese “no debería” genera dudas. Ricardo Vanegas, de Pachakutik, que se alinea a la tesis oficialista de oponerse a la censura, sospecha que lo que se busca es dejar sentado que el CJ nombró jueces de forma ilegal que dictaron sentencias como las del caso Sobornos. Él habla de un pacto UNES-PSC para apoderarse de las entidades de control.

“El efecto jurídico es, a lo mejor, un recurso de revisión con conjueces que tendrán que ser nombrados por el nuevo Consejo de la Judicatura para lograr la nulidad de juicios específicos. El que quiera ser ciego, que lo siga siendo”, señaló Vanegas.

Reunión. El Pleno de la Asamblea ha sido convocado a las 19:00 de hoy para iniciar el juicio político. La sesión se extenderá hasta mañana o el viernes.

Gustavo Jalkh, expresidente del CJ, le dijo a EXPRESO que esta entidad fue concebida con visión técnica y no debería haber incidencia política. Pero reconoció que el CJ es apetecido porque muchas veces sus integrantes deciden incidir en aspectos jurisdiccionales. La administración de Jalkh es acusada precisamente de haber permitido la ‘metida de mano’ durante el correísmo. 

El Consejo de Participación transitorio determinó que en ese periodo se “permitió que sus vinculaciones políticas intercedan en la ejecución de sus funciones” y por eso lo destituyó. Jalkh lo niega.

¿Y dónde quedan los ciudadanos? Moscoso explicó que el juicio político como tal y los posibles cambios en la Judicatura no deberían afectar a los usuarios a nivel del servicio. Sin embargo, sería un nuevo golpe a la confianza sobre la ya cuestionada Función Judicial.

A la par está la búsqueda de votos. La legisladora de Unión por la Esperanza (UNES) e interpelante, Viviana Veloz, aseguró que cuentan con los 94 para censurar y destituir a los vocales. Tienen el apoyo seguro del PSC.

La Izquierda Democrática (ID) se mostró dividida. Mientras los rebeldes dijeron que se acogerán a la decisión de la directiva nacional, que dispuso abstenerse en todas las votaciones, los diez orgánicos (aunque ayer se presentaron seis) dijeron que no acatarán esa resolución y decidirán luego de escuchar a las partes.

Algo similar está pasando con los rebeldes de Pachakutik. Ayer Mario Ruiz dijo que no se quiere adelantar, pero considera que este juicio “tiene tintes políticos”, a la vez que cuestionó las causales por no tener en cuenta las reales preocupaciones ciudadanas.

En busca de llevar el caso a lo penal

La asambleísta correísta Viviana Veloz informó ayer que presentó una denuncia en la Fiscalía en contra de tres vocales del CJ, por el presunto delito de tráfico de influencias.

La legisladora señaló que no será suficiente su censura y destitución, sino que también deben ser investigados en el ámbito penal por sus actos. Dijo que como pruebas entregó los links de audios filtrados en los últimos días en los que se escucharía a los acusados hablando de actos irregulares.