En la dolosa utilización de carnés de discapacidad para importar vehículos exonerados de impuestos, todas las miradas apuntan al Ministerio de Salud Pública. Una red de corrupción interna que otorgaba esas credenciales fue descubierta el año pasado, y con los recientes casos denunciados todo indica que continuaría operando.

El ingreso fraudulento de autos usados de alta gama es conocido por las autoridades al menos desde hace dos años, como lo denunció ayer EXPRESO. Para esta ilícita actividad se emplearon los certificados de discapacidad obtenidas irregularmente en unidades médicas de ese ministerio.

Tal como lo hizo recientemente con los carnés emitidos a favor de Daniel Salcedo -investigado por presuntas irregularidades en los hospitales del IESS- y cuatro ciudadanos de su círculo cercano, el 8 de noviembre de 2019 Salud dio de baja a 497 carnés de discapacidad emitidos en Guayaquil, tras descubrirse inconsistencias en los procesos de entrega. Esa decisión se tomó durante la gestión de Catalina Andramuño.

La entidad, que ha esquivado pronunciarse sobre el caso, no respondió a este Diario sobre los funcionarios involucrados en las irregularidades y las sanciones que hubo para ellos.

EXPRESO buscó un pronunciamiento de Catalina Andramuño, pero la exministra no respondió su celular ni atendió los mensajes enviados.

Quien sí reveló pormenores sobre esa trama de corrupción fue Xavier Torres, presidente del directorio del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), organismo que hasta el 2013 tuvo la competencia de evaluación, calificación y emisión de los carnés de discapacidad.

“Son casos graves”, señaló Torres, quien durante su paso por algunos medios relató que entre enero y febrero de este año insistieron ante Andramuño para conocer cuáles fueron las acciones administrativas que se tomaron en contra de los empleados vinculados con la irregular entrega de las 497 credenciales en la provincia del Guayas.

Sin embargo, hasta hoy se conocen los resultados. “Es lo que hemos pedido al Ministerio de Salud, que se revise nuevamente quiénes estuvieron implicados, si siguen laborando internamente y las corresponsabilidades que son establecidas de acuerdo a la ley”, denunció el funcionario.

La entidad dispone de 180 equipos de profesionales (médicos, psicólogos y trabajadores sociales) para la tarea de evaluación, calificación y emisión de los carnés en el país. Torres cree que se debe efectuar una auditoría al trabajo de ese personal.

Salud, por su parte, indicó a este Diario que entre 2017 y 2020 ha realizado 3.500 auditorías a los procesos de calificación y recalificación de personas con discapacidad. Como acciones a ejecutar menciona la realización de auditorías al 20 % de las calificaciones efectuadas por cada profesional en el último año calendario.

El anuncio de pericias

Tras las denuncias sobre la presunta emisión ilícita de carnés de discapacidad, el presidente Lenín Moreno dispuso investigar el caso para sancionar a los responsables. Otra investigación fue anunciada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tres denuncias llegaron al despacho de la consejera María Fernanda Rivadeneira.