Los reclamos del sector judicial por el incumplimiento en el pago de remuneraciones se formalizan dentro de su cancha.

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), presidida por el juez Vinicio Palacios Morillo, presentó una acción de protección en contra del ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez; además del director general del Consejo de la Judicatura, Pedro Crespo, y de Íñigo Salvador Crespo, procurador general del Estado.

La demanda, que pretende el pago de dos meses atrasados de sueldo (junio y julio), fue aceptada a trámite por el juez Mauricio Estrella Caizaguano, de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Carcelén del Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha. Una acción que podría enfriarse, ante el desembolso que hizo Finanzas (a última hora) para la remuneración correspondiente a un mes.

Pero es algo que los deja “respirar un poco”, en palabras de un judicial, al comentar que a las 18:30 del miércoles les hicieron el depósito de lo que corresponde al sueldo de junio.

La diligencia está convocada a las 11:00 de este viernes, en la Casa de Justicia, y se la desarrollará de manera presencial “debido a que se trata de una acción de protección en la que se discuten derechos constitucionales de los ciudadanos, y el uso de medios tecnológicos podría dar lugar a la interrupción o suspensión de la audiencia”, manifestó el juez en su providencia. Sin embargo, se solicitó al Consejo de la Judicatura que garantice al público la transmisión de la diligencia por vías telemáticas o por redes sociales.

Y como se discutirá la falta de puntualidad en los pagos de las remuneraciones de los funcionarios judiciales, el juez Estrella dispuso que el Ministerio de Finanzas presente el listado completo y detallado de los desembolsos que ha realizado a todas las entidades públicas del Estado, por concepto de remuneraciones, correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020. En estos deberán constar las fechas de pago y los montos globales desembolsados.

El pasado martes, autoridades de la Judicatura hicieron pública la crisis económica que atraviesa la entidad, por los recortes sistemáticos que viene sufriendo en su presupuesto, lo que pone en riesgo la atención del servicio judicial.

María del Carmen Maldonado, presidenta del CJ, manifestó que los continuos recortes afectarán los esfuerzos que ha realizado el Consejo en los últimos meses para la implementación, en un tiempo récord, de herramientas tecnológicas para adaptar la justicia ecuatoriana a una crisis sanitaria inédita, por el coronavirus. Estos recortes comprometen la firma electrónica, el E-Satje2020, el sistema de videoaudiencias y el mantenimiento del Data Center principal y alterno de la Función Judicial.

Una de las afectaciones se visibilizó con el retraso en el pago de los sueldos, pues al 16 de julio se contabilizaban dos meses impagos. La situación obligó, el pasado martes, a un grupo de servidores judiciales de Guayas a exteriorizar su reclamo, ante las deudas que contraían para enfrentar las necesidades en sus hogares. “Muchos están saliendo de esta enfermedad (COVID-19) y no tienen dinero para seguir solventándose”, manifestó el juez Reinaldo Cevallos, presidente de la Asociación de Judiciales del Guayas. Ellos no descartan tomar acciones legales en caso de un nuevo atraso.

El detalle

Retroceso. Las autoridades advierten que la falta de recursos podría detener el avance tecnológico, como el agendamiento de videoaudiencias.

Acciones

Judicatura suma demanda

Pedro Crespo, director general de la Judicatura, confirmó que el CJ también presentó ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad en contra del ministro Richard Martínez, debido a los recurrentes recortes presupuestarios a la Función Judicial.