Medidas alternativas. Fue el pedido de las defensas de siete detenidos que son parte de los investigados por posible delincuencia organizada en el caso Las Torres. Las solicitudes se presentaron en la Corte Nacional, en donde ayer a las 11:00 se instaló la audiencia de apelación de la prisión.

Los miembros del tribunal Byron Guillén (ponente) y Luis Rivera y la conjueza Mercedes Caicedo escucharon los argumentos de los defensores. Al término de la audiencia, cerca de las 15:00, se tomaron un receso. Luego anunciaron que la resolución se dará a conocer el jueves.

Durante la diligencia Marcelo Ron, abogado del contralor Pablo Celi, pidió que se revoque la prisión. Dijo que su cliente es una figura visible y ha acudido a las diligencias en las que fue requerido. Indicó que adolece de una enfermedad crónica degenerativa. Aspira a que se revoque la prisión y se dicten medidas alternativas.

Diego Guarderas, abogado de Luis Adolfo Agusto, solicitó al tribunal que revoque la medida por desproporcionada y porque afecta a la presunción de inocencia de su cliente. Aseguró que no hay riesgo de fuga.

Juan Fernando Salazar, defensor de José Agusto Briones, señaló que la prisión preventiva es exagerada y desproporcionada. Expuso que el exsecretario de la Presidencia también tiene problemas de salud. Ingresó certificados por problemas de hipertensión. Añadió que no existe riesgo de fuga porque la familia está en el país y corre con gastos de un tratamiento médico de su hijo.

En la audiencia se conoció que Silvia López colabora con las investigaciones. José Luis Terán, su abogado, cuestionó que a pesar de eso se le da el mismo tratamiento que a los demás procesados. Habló de su trayectoria como emprendedora, empresaria y su labor social en fundaciones. Destacó además que a ella no le encontraron dinero en cuentas. Requirió la revocatoria de la prisión debido a que tiene a su cargo un hijo y una madre con incapacidad.

La defensa de Ángel Rodríguez cuestionó que la orden de detención de su defendido haya sido firmada por el secretario de la Sala Penal y no por el juez. Manifestó que no existen movimientos bancarios que certifiquen que su defendido se ha beneficiado de dádivas.

Paúl Egred, abogado de Andrés Luque, reiteró que su defendido no tiene nada que ver en el proceso. Resaltó que en una conversación entre los procesados se nombra una cuenta de la empresa donde su defendido es accionista. Pero que los dineros jamás fueron transferidos a la cuenta ni a la empresa.

David Vaca, abogado de Esteban Celi, indicó que de 16 elementos presentados por Fiscalía, solo uno se refiere a su defendido y no se sustentó de forma correcta. Pidió medidas alternativas, como presentación periódica o el uso de grillete electrónico.

La fiscal Diana Salazar insistió en que se conformó una estructura delictiva para cometer delitos en contra de la seguridad pública y la eficiencia de la administración del Estado. Mencionó a Celi que, como contralor, tenía la potestad de ordenar a sus subalternos. De él dijo que dispuso a subcontralores el desvanecimiento de glosas a favor de NoLimit, esto a través de dinero entregado a su hermano Esteban. Indicó que era autor directo por la posibilidad de desvanecer glosas.

De José Agusto comentó que dispuso al exgerente de Petroecuador Pablo Flores la contratación de Raúl de la Torre, familiar de Celi, quien habría dispuesto los pagos de NoLimit y al que calificó de beneficiario.

Del hermano del contralor informó que recibió dinero de NoLimit por gestionar el desvanecimiento de glosas. Insistió en el peligro procesal para una eficiente investigación. Informó a los jueces que un día después de la detención, los hermanos Celi enviaron a sus familiares a retirar una maleta y un portafolio para eliminar evidencias del caso. Cuando la Fiscalía llegó, ya no encontró estas evidencias. Pidió que se rechacen las apelaciones.

La cifra

5 sospechosos más serán vinculados el próximo miércoles a la instrucción fiscal del caso.