Toque de queda en Ecuador: ¿Si no es bajar el crimen, para qué sirve la medida?

El ministro del Interior, John Reimberg, reveló la verdadera estrategia detrás de la restricción de movilidad vigente en el país. Mientras la ciudadanía espera una reducción en los índices de criminalidad, el funcionario aclaró que el enfoque del Gobierno de Daniel Noboa es radicalmente distinto y apunta a un golpe estructural que pocos imaginaban. Descubre cuál es el "objetivo real" que justifica la medida y qué pasará con la posible ampliación del horario en las provincias más conflictivas.

El "objetivo real" tras el toque de queda en Ecuador

Durante una entrevista en el programa 'De Lunes a Lunes' este 23 de marzo de 2026, el ministro John Reimberg fue enfático: el toque de queda no tiene como fin primario la reducción inmediata de muertes violentas. Según el funcionario, el plan trazado por el Bloque de Seguridad busca atacar y destruir las economías criminales y desarticular los grupos delincuenciales que operan en zonas estratégicas.

"No pretendemos tapar o engañar a los ecuatorianos", sostuvo Reimberg, ratificando que la prioridad para este 2026 es el desmantelamiento financiero de las bandas, tras un 2025 enfocado en la captura de cabecillas como alias Lobo Menor y Leonardo Cortázar.

Mano dura contra la impunidad judicial

El ministro señaló que el mayor desafío actual no es solo el crimen organizado, sino los operadores de justicia que favorecen a delincuentes. En este sentido, el Gobierno de Daniel Noboa advirtió que actuará con firmeza contra cualquier juez que entorpezca las labores de control, asegurando que el estado de excepción es una herramienta para limpiar las estructuras desde la raíz.

Provincias con restricción y posible ampliación

Actualmente, el Decreto Ejecutivo establece que el toque de queda rige de 23:00 a 05:00 y estará vigente, inicialmente, hasta el 31 de marzo de 2026 en las siguientes jurisdicciones:

• Guayas
• Los Ríos
• Santo Domingo de los Tsáchilas
• El Oro

Reimberg no descartó una posible ampliación de fechas y provincias, aclarando que la decisión final depende de los resultados operativos y del análisis estratégico del Primer Mandatario.

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