Los 60 días de la emergencia declarada en las 81 Unidades de Policía Comunitarias (UPC) terminaron el pasado 28 de enero y estos edificios aún no reciben las obras prometidas. Se ofreció el cambio en su infraestructura, que incluye el diseño de fachadas y dotación de elementos para incrementar la seguridad, más la compra de armas.

Esto luego de los atentados recibidos en noviembre, cuando en menos de 24 horas murieron cinco gendarmes.

Doce días después del plazo terminado, el ministro del Interior, Juan Zapata, dijo a EXPRESO que el principal estorbo para la celeridad en el proceso de compras públicas, es la burocracia del sistema, que según justificó, no tiene el mismo sentido de urgencia porque le han pedido hasta estudios del uso del suelo para justificar el inicio de las obras y, por ello, analiza tomar otra opción.

“Me fui por la emergencia para hacerlo más rápido, pero ahora lo voy a hacer por régimen especial, pasada la emergencia, que eso me permite la ley, para que sea lo más rápido posible”.

En síntesis, lo que se ha hecho hasta ahora es avanzar en el proceso de compra de municiones, que, según enfatizó, ya está adjudicado, pero que en dos ocasiones se cayó; la primera vez, porque el proveedor retrasó el proceso de entrega y la segunda, porque resultó investigado por órdenes de inteligencia. “Y hubo que comenzar desde cero, en el tercer intento”, defendió el ministro Zapata.

Desde la mesa de Seguridad de la Asamblea Nacional, hay una reunión reservada para tratar el tema de narcopolíticos, afirmó la presidenta encargada, Silvia Patricia  Núñez, y dijo que en esa cita se aprovechará para pedir explicaciones al funcionario Zapata y un informe para que detalle las acciones que ha dispuesto para evitar que se “caiga” el trámite, que calificó como urgente para la seguridad.

Mientras que el legislador Ricardo Vanegas, integrante de la Comisión de Justicia, apunta a un proceso de fiscalización, debido a la planificación que se debe desarrollar antes de que se anuncie una declaratoria.

“En el momento en el que se declara la emergencia, tenía que hacerlo atendiendo con las excepciones que se presentan en la ley de la Contratación Pública, para que dentro de los 60 días pueda contratar desde la mano de obra hasta la adquisición de los insumos, así que nosotros vamos a ejercer el control político y fiscalización para saber por qué no se ha cumplido con atender una necesidad urgente como son las UPC”.

• Depuración policial tras los atentados

Luego de los atentados terroristas dados en el mes de noviembre de 2022, la mesa de seguridad convocó a las autoridades para que se expliquen las medidas adoptadas tras los hechos ocurridos. La Comisión de Seguridad expuso en diciembre que aprobó una resolución para exigir la depuración de los malos elementos de la Policía Nacional y “el pleno hizo lo propio y nos mandó a investigar y hacer un informe sobre los atentados terroristas”, se informó desde la mesa legislativa.  De acuerdo a su comunicado dado a este periódico, el plazo todavía no vence, debido a que se pidió prórroga. El informe incluye a las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.

el detalle

• Ministro del Interior Juan Zapata

La burocracia hace que sea más lento todo

Los retrasos para el inicio de obras en las UPC no se tratan de un caso de corrupción. “Más bien un problema de que la gente tiene recelo de que si no va esto o lo otro, se levanta un proceso contra la persona, créame que es un dolor de cabeza”.

• Presidenta (e) de la comisión de Seguridad Silvia Patricia Núñez

Se pedirán explicaciones y un informe

Hay comparecencias pendientes. De acuerdo a Núñez, el ministro Zapata tiene que acudir en las siguientes semanas por las denuncias de supuestos narcopolíticos. Y será en esta cita en la que se pedirá un informe de lo realizado en las UPC.

• Asambleísta de la comisión de Justicia, Ricardo Vanegas

Se debió contemplar los retrasos

El legislador reitera que antes de emitir una declaratoria debía tener todo listo para que en la declaratoria ejecutar los procesos puntuales y con el debido margen de error. Expone que se exigirán sanciones en caso de encontrarse negligencia.