Un proceso penal por presunto delito de fraude procesal, una suspensión administrativa de 90 días y una denuncia policial. Es lo que enfrenta el fiscal Luis Machado tras presentar un dictamen en el que se abstuvo de acusar al presunto líder de una organización delictiva, señalado por asesinatos en el cantón Duran, provincia del Guayas. Pero no es el único agente fiscal que ha presentado ese tipo de dictámenes en este año.

Un reporte del Departamento de Gestión Procesal del Guayas del Consejo de la Judicatura (CJ) señala que, entre enero y abril de 2021, las cinco unidades judiciales que están en Guayaquil han recibido 328 dictámenes abstentivos.

La Unidad Judicial Penal Norte 1 (Florida Norte) es la que más dictámenes abstentivos recibió en esos cuatro meses:un total de 96. Seguida de la Unidad Penal Norte 2 (Albán Borja), con 89. A la Penal Sur-Valdivia se remitieron 81, mientras que enla Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencias en Delitos Flagrantes (Cuartel Modelo) se entregaron53. Y finalmente, la Penal Sur de Flagrancia solo registró 9.

Si bien dentro de las 328 resoluciones fiscales entregadas en este año entrarían también casos de 2020, la cifra correspondería al 32,7 % en relación a las 1.002 personas que quedaron con prisión preventiva durante ese mismo periodo, luego de ser aprehendidas en flagrancia (dentro de las 24 horas posteriores al cometimiento del delito), en Guayaquil. Eso, frente a las 2.589 sentencias que han emitido jueces de las mismas unidades judiciales, en igual periodo analizado; 1.363 de ellas condenatorias, mientras que 595 ratificaron el estado de inocencia. Otras 62 fueron mixtas (entre condenatorias y de inocencia).

Alfonso Ordeñana Romero, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, ilustra que, de acuerdo con la normativa, el juez no puede más que dictar un sobreseimiento cuando se presenta este tipo de dictámenes abstentivos. Es la Fiscalía la encargada de la labor investigativa para llegar a esa conclusión, que debe estar sustentada en cada uno de sus dictámenes.

“El tema es que cada una    de las instituciones, a través de sus servidores, tiene que cumplir a cabalidad con lo que determina la ley en sus funciones”, señala Ordeñana, al recordar que en el caso concreto del fiscal Machado, “el juez consideró que ante una situación evidente dentro de su óptica, y más allá de que la ley le indicaba que no podía hacer otra cosa que lo que determina el Código, por no estar de acuerdo lo que hizo fue oficiar a la Judicatura, lo que está dentro de nuestras facultades”.

Generalmente, en sus abstenciones los fiscales determinan que no existen los suficientes elementos de convicción para acusar y proponer juicio a investigados por algún delito. En algunos casos, esa decisión ha puesto en la calle nuevamente a detenidos en delitos flagrantes. Es la Policía la que, en ocasiones, emite las alertas, como ocurrió con Antonio Benjamín Camacho, alias Ben 10, quien es señalado como líder de los Chone Killers, brazo armado de la banda delictiva Los Choneros en el cantón Durán, provincia del Guayas.

El hombre fue detenido junto con otras 15 personas en diciembre del año pasado, tras una intervención que ejecutó la Policía Nacional en diferentes sectores de Durán y Guayaquil, por su presunta implicación en la muerte de unas ocho personas al estilo sicariato.

No obstante, al concluir las investigaciones, el fiscal Machado, quien estaba encargado de ese proceso, presentó un dictamen mixto, dentro del cual se abstuvo de acusar a Camacho y a otros dos familiares, según dijo la institución policial.

Aunque el juez Johan Briones, quien lleva esa causa, dictó el sobreseimiento a favor de los tres procesados, manifestó su discrepancia con lo resuelto por Machado, y envió su inconformidad al Consejo de la Judicatura, para que se revise esa actuación.

La situación llevó a la Fiscalía a solicitar la detención del funcionario e iniciarle un proceso penal por presunto fraude procesal. La Judicatura también lo suspendió 90 días en sus funciones.

Mientras tanto, se espera una resolución del pedido que hizo Marco Erazo Rivera, jefe de la sección Operativa Antidelincuencial del Guayas, para que se declare el dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Un pedido que está siendo analizado por un tribunal de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial del Guayas.