Temer busca calmar a un Brasil en shock
“El Gobierno no para”, dice, cercado por los investigados en el caso Odebrecht. La divulgación del listado ‘vació’ el Congreso
El presidente brasileño, Michel Temer, trataba ayer de contrarrestar la crisis que golpea a su gabinete, luego de que la Corte Suprema autorizara investigar a ocho ministros, un tercio del Senado y unos 40 diputados por sospechas de corrupción.
La lista divulgada la noche del martes apunta contra el núcleo duro del Legislativo y del Ejecutivo, que formaron una sociedad estrecha desde que el conservador Michel Temer llegó a la presidencia el año pasado, tras la destitución de Dilma Rousseff (izquierda) por manipular las cuentas públicas.
El Supremo Tribunal Federal (STF) autorizó 76 procesos contra 98 personas, que involucran a ocho ministros -inicialmente se reportaron nueve, pero la corte aclaró que un caso fue devuelto a la Fiscalía para ser revaluado- un tercio del Senado (24 de 81), casi 40 diputados y tres gobernadores, sin distinción de ideologías.
La noticia literalmente vació al Congreso en la víspera y amenaza las reformas económicas que impulsa el Gobierno para enfrentar la recesión.
Pese a las tensiones, Temer buscó transmitir normalidad durante un evento en Brasilia.
“El Gobierno no para”, afirmó. “El Ejecutivo ejecuta, el Legislativo legisla y el Judicial juzga. Cada uno ejerce sus funciones y nada deberá paralizar la función gubernamental”.
Para el politólogo César Carvalho, de la consultora CAC, el presidente “está haciendo lo que el manual manda”: minimizar la crisis, ganar tiempo y esperar que los dilatados plazos de la Justicia jueguen a su favor. “Mientras tenga el apoyo del Congreso, el Gobierno de Temer resiste, siendo popular o no”, agregó, en referencia al magro apoyo que tiene entre los brasileños, de apenas 10 %.
El alcance de la investigación del vínculo entre política y finanzas opacas se constata en los cuatro expresidentes mencionados en la lista.
El hoy senador Fernando Collor (1990-1992) será investigado por el STF y los casos de los exmandatarios Henrique Cardoso (1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Rousseff (2011-2016), sin fueros, fueron remitidos a tribunales inferiores para su análisis.
Lula ya enfrenta cinco procesos vinculados al extenso esquema de corrupción conocido como Lava Jato. El propio Temer ha sido rozado por el escándalo, aunque la Constitución impide investigarlo, y medios locales dijeron que el expresidente José Sarney (1985-1990) también fue salpicado por las confesiones de Odebrecht. De corroborarse, estarían involucrados todos los ocupantes del Palacio de Planalto desde el retorno de la democracia a mediados de los años 80, a excepción de Itamar Franco (1992-1995), que falleció.
Mientras aún se esperan los detalles de las acusaciones de Odebrecht, la estrategia de los políticos pasa por conseguir que los eventuales delitos descubiertos sean considerados violaciones a la justicia electoral, que tiene condenas mucho más leves que las de corrupción. En definitiva, que sea juzgado como fondos de campaña no declarados, en vez de dinero recibido a cambio de favores.
A esa lucha partirían nombres de peso señalados por la Justicia, como Eliseu Padhila, jefe de Gabinete; Wellington Moreira Franco, secretario general de la Presidencia -ambos del PMDB de Temer-; y el canciller Aloysio Nunes, del PSDB (centro), principal aliado de la coalición en el poder.
Temer anticipó que suspenderá transitoriamente a sus ministros si las investigaciones basadas en las “delaciones de Odebrecht”, empresa clave en la red que desvió 2.000 millones de dólares de Petrobras, se convierten en denuncias y los forzará a renunciar si los casos llegan a juicio.
Con los principales líderes políticos del país bajo sospecha, se abre la puerta para la llegada de candidatos “desconocidos” de cara a la elección presidencial del 2018.
La presunta cuenta de Lula
El expresidente de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, dijo en un testimonio a la Justicia divulgado ayer que abrió una cuenta con unos 40 millones de reales ($ 13 millones) para financiar gastos particulares de Luiz Inácio Lula da Silva tras su salida de la Presidencia de Brasil.
Odebrecht dijo que la apertura de la cuenta fue negociada en 2010 con Antonio Palocci, exministro de Hacienda de Lula, pero que estaba destinada a ofrecer favores al exmandatario debido a que mantenía su poder como principal líder del Partido de los Trabajadores (PT) y era padrino de la entonces presidenta, Dilma Rousseff.
El empresario, que purga 19 años de prisión, agregó que de la cuenta bautizada como “Amigo”, como Lula era conocido en las planillas de sobornos de Odebrecht, fueron retirados diferentes recursos entre 2011 y 2014, entre los cuales los destinados a la compra de un terreno en el que se construiría la sede del Instituto Lula.
La declaración fue dada por el empresario en el interrogatorio al que fue sometido el pasado lunes por el juez federal Sergio Moro.
Odebrecht admitió que no tiene cómo comprobar que todo lo retirado de esa cuenta fue solicitado por Lula, pero que lo percibió.
“Lula nunca me pidió directamente. Todo lo hacíamos por intermedio de Palocci. Obvio que tras algunos usos quedó claro que realmente era para Lula”, dijo. El empresario también admitió que hizo donaciones ilegales para las campañas electorales del PT, incluyendo 50 millones de reales para la presidencial de Rousseff en 2010.
