El Tribunal Constitucional (TC) de España declaró ayer por unanimidad la nulidad de la ley del referéndum catalán del 1-O, mientras la tensión política y social aumentó en esa comunidad autónoma española con manifestaciones a favor de dos líderes independentistas encarcelados por el delito de sedición.

La ley anulada ya había sido suspendida de modo cautelar el pasado 7 de septiembre, al día siguiente de ser aprobada por el Parlamento catalán.

A pesar de eso, las autoridades locales convocaron para el 1 de octubre un referéndum secesionista, cuya ilegalidad confirmó ayer el TC, en el participaron algo más de 2,2 millones de personas a favor del “sí” a la independencia, respecto a los más de 5,3 millones de catalanes con derecho de voto.

La sentencia del TC, conocida ayer, reprocha al Parlamento catalán haber dejado a los ciudadanos “a merced de un poder que dice no reconocer límite alguno” y, por tanto, es arbitrario. En el fallo, adoptado por unanimidad, el TC espeta al Legislativo catalán que “un poder que niega expresamente el derecho, se niega a sí mismo como autoridad merecedora de acatamiento”.

El alto tribunal español recalcó que la región de Cataluña no es sujeto del derecho de autodeterminación, entendido como derecho a promover y consumar su secesión unilateral del Estado.

La resolución de la Audiencia Nacional de España llega a dos días de que se cumpla el plazo establecido por el Gobierno central para que el presidente catalán, Carles Puigdemont (PDeCAT, centroderecha independentista), cumpla la legalidad y renuncie a la declaración de independencia.

La respuesta de Puigdemont al segundo requerimiento de Rajoy será, en palabras del portavoz del Ejecutivo regional catalán, Jordi Turull, una nueva oferta de diálogo “sin condiciones”.

“Ni plegaremos velas ni nos quedaremos contemplativos viendo cómo ocupan las instituciones catalanas”, dijo ayer el portavoz catalán, aunque no concretó si el Gobierno regional levantará la suspensión de la declaración de independencia en caso de que se aplique el artículo 155 de la Constitución.

Rajoy anunció el lunes que si Puigdemont no renunciaba a la independencia y no se acogía a la ley española, el Ejecutivo central aplicaría dicho artículo, que le otorga la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las comunidades autónomas y para ello le daba de plazo máximo hasta mañana, 19 de octubre.

El mismo día, Puigdemont ofreció Rajoy un margen de “dos meses” para dialogar y le propuso concretar “lo antes posible” una reunión para explorar acuerdos, unos planteamientos que mantendrá el jueves.

Mientras tanto, la inestabilidad política y jurídica en la región tiene un impacto negativo en los sectores económicos, entre ellos el del turismo, que ha visto descender en un 20 % el número de reservas.

También continúa el goteo de empresas que cambian su sede social a localidades españolas fuera de la región de Cataluña, y son ya al menos 700 desde el 1 de octubre, según datos del Colegio de Registradores de España provisionales actualizados este lunes.