Se vienen más acciones. Los actores y organizaciones sociales que rechazan la posibilidad de que tres de los cinco integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) se prorroguen en funciones, no dan su brazo a torcer y anuncian nuevas medidas para impedirlo.

Mañana, la activista Solanda Goyes presentará una acción de protección para que la Asamblea Nacional, la Procuraduría, la Secretaría de la Presidencia y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respondan a los pedidos que ha entregado y no han sido respondidos por estas instancias.

Ella defiende la tesis de que los consejeros suplentes deben ser posesionados para reemplazar a los titulares, mientras concluye el concurso de renovación que lleva adelante, con retraso, el Consejo de Participación. Goyes es una de esas suplentes.

Pero el tiempo para que se hagan efectivos estos recursos se va agotando. El plazo para hacer la renovación concluye el 29 de noviembre. Sin embargo, el Consejo está apenas en la etapa de conformación de la comisión ciudadana. Su presidenta, Raquel González, le dijo en junio a EXPRESO que el concurso terminaría en las fechas establecidas por la ley. Eso no se cumplió.

El exconsejero del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, Andrés León, apunta a otro responsable más: la Presidencia de la República. ¿Por qué? “El señor Eduardo Mangas (secretario de la Presidencia) hace una consulta, con una pregunta orientada, a la Procuraduría en el sentido de que estos consejeros deben extenderse en funciones. Y la Procuraduría responde lo que quiere escuchar la Presidencia. Es una nueva metida de mano a una función independiente”.

Desde otros sectores se busca comprender la decisión de prorrogar las funciones. El presidente del Partido Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, considera que un cambio a estas alturas pondría en riesgo la consulta popular propuesta por el presidente Lenín Moreno.

La respuesta del CNE es que no se trata de una prórroga, sino de un mandato legal y constitucional. Ellos se basan en el Decreto 190, firmado por Moreno en octubre y que dispone que los funcionarios públicos deberán mantenerse en funciones, conservando sus dignidades, hasta que concluya el concurso para su reemplazo.

Terminado el proceso de selección y organizada la consulta, ¿dejarán sus cargos el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, la vicepresidenta, Nubia Villacís, y el consejero Paúl Salazar, o se quedarán hasta 2019?

En febrero inicia el periodo electoral para las elecciones de 2019. La ley señala que un año antes no se pueden efectuar reformas en materia electoral. La incógnita es si eso incluye a los integrantes del organismo.

Goyes no desistirá. A la acción le seguirán otras. No es el primer intento de llevar el proceso a la justicia. Fausto Camacho, exvocal del CNE, solicitó medidas cautelares y fueron negadas.

Las reglas, en etapa de elaboración

Se alista un nuevo concurso. El Consejo de Participación Ciudadana empezó a recoger aportes para elaborar el reglamento con el que será electo el nuevo defensor público.

Las primeras cuatro mesas se instalaron en Guayas, la semana pasada. Otros ejercicios similares se reproducirán por todo el país.

Con base a estos aportes se elegirá al reemplazo de Ernesto Pazmiño, actual defensor público, quien culmina su período de 6 años de gestión, en abril próximo.