La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) tiene bajo su custodia y administración 7.792 bienes inmuebles en todo el país. Estos son de todo tipo: terrenos, casas, parqueos, galpones, oficinas, complejos deportivos y más.

Sin embargo, apenas 354 bienes se han contabilizado como priorizados para la enajenación. Y de este grupo, solo 115 están listos para ser subastados y corresponden a las provincias de Santa Elena, Guayas y Manabí. La valoración total supera  los $ 8 millones de dólares.

En este nuevo régimen gubernamental se han ejecutado hasta el momento tres subastas públicas, en las que han sido adjudicados 40 predios, ganando    $ 5,2 millones.

La venta de estos bienes pareciera ser lenta, pero la urbanista Rosa Rada señala que para organizar y lograr una venta se necesita de presupuesto.

“Yo he administrado y sé lo que significa tener edificaciones sin uso cuando no se tiene recursos ni un fin, pero cuando uno tiene recursos y un fin, hay que rehabilitarlos para habilitarlos para la venta”.

No obstante, señala también que al tener cerca 8.000 bienes inmuebles, estos deberían ser utilizados para que tengan rentabilidad económica o para el servicio a la ciudadanía en las distintas necesidades que puedan tener las instituciones públicas.

En Guayaquil, por ejemplo, en las calles Luque y Tulcán, centro de la urbe, funcionaba la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia hasta el año 2015 y desde ese entonces poco a poco ha sido desmantelado. El edificio no cuenta con puertas, tuberías, cables y más  elementos básicos, debido a los constantes robos efectuados por personas, que saltan una reja que a duras penas está asegurada con un pequeño candado. Por ello, sus vecinos urgen que al menos se les asigne custodia, para evitar que “indigentes lo usen como guarida en las noches” señaló Carlos Sánchez, morador del sitio.

Desde Inmobiliar se limitaron a decir que el edificio está en “proceso de revisión”, pero no detalló cuál será el futuro de la infraestructura.

Asimismo, se le pidió información sobre otras edificaciones que están en situación de abandono y cuyo deterioro avanza con el pasar de los días: el conservatorio Antonio Neumane en el número 506 de la calle Miguel Hurtado Antonio, la antigua guardería infantil ubicada en 6 de Marzo y García Goyena, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda en la avenida 25 de Julio y el Instituto Nacional Galápagos (Ingala).

Y respondió que solo la guardería infantil y el Ingala no pertenecen a Inmobiliar, sin embargo aclaró que las demás infraestructuras pertenecen a  instituciones como el Registro Civil, Ministerio de Gobierno y Ministerio de Educación que fueron entregadas en su momento.

Inmobiliar tampoco respondió si tiene una contabilidad de bienes inmuebles en situación de abandono, sino que señaló mediante un comunicado que “esta administración permite que podamos asignar inmuebles a otras instituciones públicas en calidad de convenios de uso y, en otros casos, para que sean considerados para arriendo o venta”.

Y agregó que a los inmuebles que tiene a su cargo se les asigna un funcionario para cumplir con obligaciones como el pago de tasas, servicios básicos y más.

No obstante, Rada precisa que las entregas realizadas a los ministerios deben ejecutarse bajo condicionamientos.

“Podría ser adecuada siempre y cuando a quien le entrega, le sirva y vaya a sustituir un gasto. Por ejemplo, si es una edificación que sirve para un colegio, por qué no entregarla si (el Ministerio de) Educación tiene que hacer escuelas”.

En la actualidad, Inmobiliar únicamente cuenta con 43 bienes inmuebles permanentes, dos para uso institucional y los otro 40 bajo convenio de uso con una ocupación del 80 %. En estas instituciones trabajan 12.450 funcionarios. Adicional a ello, 91 edificaciones están arrendadas. Pero el dinero no es que lo ve o pasa por Inmobiliar.

“Los ingresos por concepto de arriendo van a la Cuenta Única del Tesoro para alimentar el Presupuesto General del Estado”. No se reveló el monto que se cobra por los alquileres.

• Delitos

Más de 350 inmuebles incautados

En todo el país hay 358 edificaciones decomisadas por los delitos de cohecho    ($ 3’901.993,70), narcotráfico ($ 15’442.599,92) y lavado de activos ($ 39’016.047,12). Su valoración total es de            $ 58’360,640.70. Inmobiliar dice que son propiedad de terceros y no son susceptibles de ser enajenados. Sin embargo, el Decreto Presidencial 112    dispuso a dicha institución el remate de los bienes incautados en toda clase de delitos. Esto, con el fin de asegurar el aprovechamiento de los mismos para las finanzas públicas.