Un segundo contralor ecuatoriano es involucrado en el cobro de sobornos. En esta ocasión la justicia apunta a Pablo Celi de la Torre, contralor subrogante que asumió el despacho de Carlos Pólit, sentenciado a seis años por concusión y llamado a juicio por asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Celi fue detenido la madrugada de ayer martes 13 de abril, Día del Maestro ecuatoriano, junto a José Agusto Briones, exsecretario de la Presidencia. Además de la de Celi y Agusto, se giraron al menos 12 órdenes de detención para fines investigativos, en respuesta a un acto urgente solicitado por la Fiscalía General. Se investiga posible delincuencia organizada que involucraría a la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de la República.

Entre la noche del lunes y la madrugada de ayer martes, la Fiscalía ejecutó al menos 25 allanamientos en coordinación con unidades de la Policía Nacional. En Guayaquil intervinieron al menos cinco fiscales en los allanamientos a viviendas y oficinas en Guayaquil y Samborondón. 

Hubo dos personas detenidas con fines investigativos que fueron llevadas por tierra a Quito, a la Unidad de Flagrancia. En este sitio permanecían al menos siete detenidos que habían sido sometidos a las valoraciones médicas respectivas.

Entre las evidencias se incautaron celulares, computadoras, documentos, dispositivos electrónicos, cajas fuertes, fajos de dinero en efectivo hallados hasta en los bolsillos de una chaqueta.

La Fiscalía informó en su cuenta de Twitter que la investigación se inició en junio de 2019. En ese mes fue detenido en Estados Unidos Raúl de La Torre, familiar del contralor. Él, quien era funcionario de Petroecuador, fue hallado con dinero que no pudo justificar. Con él se encontraban Roberto Barrera y dos policías. Fueron juzgados por soborno e intento de lavado de activos en ese país.

Ambos confesaron que el dinero era producto de sobornos por al menos 3,1 millones de dólares a una empresa contratista de Petroecuador, a cambio de un nuevo contrato.

Barrera, quien además habría tenido negocios con el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), permanecía en febrero a órdenes de las autoridades de Migración de Estados Unidos para su deportación. Su condena fue de 23 meses y habría cumplido el 70 %. En tanto que De la Torre recibió cinco meses y dos años de libertad vigilada por tentativa de lavado de activos, en julio de 2019. Ese año, cuando la Justicia de EE. UU. procesó a De la Torre, Celi aseguró que él “tiene parentesco lejano, no hay relación directa”.

La Fiscalía presume la existencia de una posible red de corrupción en la que se han visto inmersos Celi, el exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones, familiares, funcionarios de Contraloría, exfuncionarios de Petroecuador, entre otros. De Celi se sospecha el supuesto desvanecimiento de glosas; y de José Agusto Briones, que habría dispuesto mantener a De la Torre en cargos para la recepción de coimas.

Una de las viviendas allanadas fue la de Santiago Cuesta, exasesor del presidente Lenín Moreno. En un comunicado expresó su rechazo. Dijo que desconoce de compras, ventas, transacciones, canjes, deudas o cualquier negociación petrolera. 

Aseguró que la Fiscalía nunca le ha pedido declarar, ni ha sido imputado en el caso, pero mostró su disposición a presentarse. Él se encuentra en España y volverá al país cuando reciba el alta médica para presentarse voluntariamente en la Fiscalía.

Además de los 14 pedidos de detención con fines investigativos, la Fiscalía solicitó información relacionada con contratos de Petroecuador con la empresa NoLimit y copias certificadas de las facturas o planillas de cumplimiento de pagos entre 2017 y 2020 de la misma firma.

A la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) se le solicitó un informe ejecutivo de Fraxianer, Cengrusa, Gringold, Legalcont Consultores, Legalcomec, Intriago & Carreño Tierra Estratégica, Incartesa, Adokasa y Jolasur.

El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, ratificó este martes que la Policía Nacional apoya las acciones de la Fiscalía, que actúa con independencia. Y reiteró que la Función Judicial y los organismos de control tienen el apoyo y respaldo del Ejecutivo para llevar a cabo sus gestiones e investigaciones con total autonomía.

Detención

investigación

Las detenciones de los sospechosos de delincuencia organizada son por 24 horas y con fines investigativos. Desde temprano, a la Unidad de Flagrancia acudieron abogados para asumir la defensa de algunos sospechosos.

Allanamiento

Jorge Luis Ortega, defensor de Pablo Celi, calificó como inaudito el allanamiento de la vivienda del contralor debido a que, a pesar de que la investigación se inició en 2019, su cliente, señaló, no fue notificado con la investigación.

Audiencia

Para las 18:30 de este martes se fijó la audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional debido al fuero del que goza el contralor Pablo Celi. En ella, los defensores lo único que debían hacer es presentar arraigos y justificaciones para evitar la prisión.