Sintomas de reaccion ciudadana

Dado que, salvo excepciones, los partidos políticos han reducido su rol a las actividades electorales y apenas, obligados por la coyuntura y la presión ciudadana, emiten declaraciones referidas a situaciones coyunturales, el gran conglomerado ciudadano militante o no en las organizaciones políticas, ahora expresa sus inquietudes en la calle.

No debería ser necesario que así ocurra pero, cuando la política se manifiesta de la manera que acaba de requerir la acción del Pleno de la Asamblea Legislativa, se justifica que la calle sea el escenario donde los ciudadanos demandan sus reivindicaciones más sentidas.

Una de esas, sin duda, es la que lucha contra la impunidad a sabiendas de que en ella está el germen de la corrupción.

En efecto, cuando la ausencia de sanciones está garantizada por la pertenencia a una determinada tienda política y ello a su vez deriva de la certeza de contar con la complicidad de las autoridades que deben velar por el buen manejo de los recursos públicos, la corrupción se convierte en una política de Estado para quienes ejercen el poder.

Eso ocurrió durante una década y, por tanto, si el actual gobierno no persiste en la voluntad de realizar una cirugía mayor orientada a extirpar tan intolerable situación, está bien que la gente se manifieste en la vía pública, dejando sentir su malestar.

De momento, la presencia de los ciudadanos no tiene una magnitud que llame mayormente la atención de las autoridades pero, su diversidad de motivos en la calle debería hacer anticipar la convicción de que si no se toman las medidas por las que el común está clamando, pronto serán masivas.

Sin negar entonces el esfuerzo cumplido por el actual gobierno, cabe que deje de justificar su inacción en el combate a la corrupción explicándolo en razón de su respeto a la independencia de funciones. Es responsabilidad, constitucionalmente establecida, de todos los ciudadanos, incluido el presidente de la República, la denuncia de la corrupción y su combate.

Por otra parte, demandas como las recientemente planteadas en relación a la crítica situación de los hospitales públicos y privados que sirven a Guayaquil, que también movilizan a los ciudadanos e incluso han recibido el respaldo del alcalde de la ciudad, deben ser atendidas con prontitud.