La familia de José Agusto Briones velaba este lunes sus restos mortales. El domingo antes del mediodía, el exsecretario de la Presidencia de la República en el régimen de Lenín Moreno tomó la decisión fatal de quitarse la vida.

Lo hizo en el baño de su celda en la cárcel 4 del norte de Quito. Al sitio llegó personal de Criminalística de la Policía para el levantamiento del cadáver. José Agusto era uno de cuatro detenidos y de 14 investigados por posible delincuencia organizada, en el caso denominado Las Torres.

Hasta la cárcel llegaron dos fiscales para hacerse cargo de las investigaciones, informó la Fiscalía en su cuenta Twitter.

José Agusto fue detenido la madrugada del 13 de abril junto con otras ocho personas. Los operativos se cumplieron en Guayaquil, Samborondón y Quito. Recibió prisión preventiva dictada por el juez de la Corte Nacional Felipe Córdova.

El pasado 13 de mayo un tribunal de la Corte negó la apelación de la prisión solicitada por José Agusto, su hermano Luis, el contralor Pablo Celi y su hermano Esteban.

La noticia de la muerte del exsecretario provocó reacciones en varios abogados del caso. Especialmente en su defensor Joan Paúl Egred, quien asumió su defensa y la de su hermano Luis Adolfo Agusto Briones.

Aseguró que el exfuncionario, desde que le detuvieron había manifestado que fue privado de la libertad de una manera injustificada e inmotivada. A su abogado le había insistido que nada tenía que ver con ese tema, que “jamás recibió un centavo” y que era procesado porque un tercero en Estados Unidos, Raúl de la Torre, familiar del contralor Pablo Celi, se había referido a él en un chat y que eso era lo único que tenía la Fiscalía en su contra.

“Y pese a eso, lo primero que hizo la Fiscalía es solicitar la prisión preventiva de José Agusto Briones y oponerse a una medida alternativa en la audiencia de apelación”, dijo.

El abogado refiere que en esas circunstancias y al tener que defenderse desde prisión, su cliente consideraba que era una persecución, “un hecho completamente injusto que él no lo podía soportar. Entró en un cuadro depresivo”. Y la razón habría sido que él consideraba que había mantenido siempre una vida intachable personal, profesional y familiar.

Egred asegura que esa situación su cliente no la pudo soportar ni manejar, porque se consideraba perseguido. Indica que en el caso existió abuso de poder “de aquellos que solicitaron y dictaron la prisión preventiva”. Recordó que no se le dio paso a medidas sustitutivas a pesar que su cliente evidenció que tenía problemas cardíacos y niveles de presión altos.

Con el dolor a cuestas, la familia ha dicho al abogado que tras la muerte de José Agusto su lucha se concentrará en demostrar su inocencia. “Se lo llevaron esposado y nos devolvieron en una caja”, reprocharon los familiares, según su abogado defensor.

Al haberse producido el deceso cuando el detenido se encontraba en custodia del Estado por estar a cargo de las cárceles, el abogado y la familia analizarán las alternativas que les ampara la ley. No se ha descartado una demanda en contra del Estado. 

Pero no solo el defensor de José Agusto cuestiona la aplicación de la prisión preventiva en el caso Las Torres. Marcelo Ron defiende al contralor Pablo Celi. Señala que ese tipo de eventos no se producirían si se deja de utilizar la prisión preventiva con fines de espectacularidad. “Como en el presente caso, en el que se han violado las garantías constitucionales y los derechos humanos al mantener presos sin fundamento legal y únicamente basados en criterios subjetivos de los jueces”, manifestó. La Fiscalía presume que se formó una estructura delincuencial para el cobro de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas de contratistas de Petroecuador como NoLimit. José Agusto era uno de los señalados.

Investigación

Fiscalía lo acusaba de líder

En la formulación de cargos en el caso Las Torres había mencionado al exsecretario de la Presidencia José Agusto como uno de los líderes de la organización.

Describió que entre 2017 y 2020 se había formado una organización para el cobro de coimas y mencionó a Agusto como líder del estructurado grupo por su alta jerarquía en la función pública.

La Fiscalía señaló que José Agusto, quien a la fecha de los hechos era secretario general de la Presidencia, habría dispuesto mantener en el cargo de asesor de la estatal Petroecuador a Raúl de la Torre, familiar de Pablo Celi, para poder recibir los pagos indebidos por su intermedio.

El detalle

Instrucción. La investigación del caso Las Torres concluirá a mediados de agosto.