Los males de la capital no se limitan a la emergencia sanitaria. La administración municipal acumula quejas y denuncias por irregularidades. Esta semana, tres empresas metropolitanas recibieron observaciones de entes de control y los concejales de Quito.

El cúmulo de críticas motivó que un grupo de ciudadanos, entre los que se cuentan excandidatos a la Alcaldía, acuda al Consejo Nacional Electoral (CNE) para solicitar un proceso de revocatoria del mandato del alcalde de capital, Jorge Yunda. El objetivo es recoger firmas para una consulta popular.

El proceso, si se cumplen los plazos establecidos por el Frente Ciudadano por la Revocatoria, coincidiría con las elecciones presidenciales de febrero.

¿Qué acciones motivaron la solicitud de revocatoria? Según Marcelo Hallo, representante del frente ciudadano, los actos de corrupción que se evidenciaron con la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus son la causa principal, aunque no los únicos.

El martes 1 de septiembre de 2020, por ejemplo, el Concejo Metropolitano criticó al gerente general de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Rafael Carrasco, por sobrevuelos de helicópteros en el Parque Bicentenario -exaeropuerto de Quito-. Los concejales aseguraron que esos vuelos no estaban permitidos y Carrasco se atribuyó funciones. Algunos de los integrantes sugirieron que el gerente deje el cargo.

Carrasco justificó su decisión asegurando que se plantea crear espacios de turismo aéreo y las empresas interesadas querían hacer pruebas. Su postura contó con el apoyo de Yunda.

El concejal Fernando Morales criticó que esas decisiones se tomen sin conocimiento del Concejo Metropolitano e hizo un llamado para que Jorge Yunda de un paso al costado en la administración de la ciudad.

Los sobrevuelos no son el único inconveniente. La Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos también tiene problemas por el manejo del relleno sanitario de Quito. El contrato firmado con la empresa Villacapria para el tratamiento de residuos no podrá concluir y se habla de acumulación de desechos desde diciembre pasado. La empresa privada solicitó la terminación de mutuo acuerdo del contrato y el lunes se conocerá si esa opción es viable.

María Gabriela Dávila, gerente de la entidad pública, aseguró que la pandemia y los químicos de los desechos impidieron que Villacapria cumpla con lo firmado. Dijo que se trabaja en una solución integral.

Los señalamientos llegaron también a la Empresa de Aseo de Quito. La Contraloría detectó que, en 2018, se hicieron pagos por más de seis millones de dólares sin justificación. Emaseo pagó por un servicio de gestión de basura que no se cumplió y no hubo un control.

Las autoridades actuales trataron de terminar el contrato pero un juez de Guayaquil dio la razón a la empresa privada Recobaq.