Por unanimidad el tribunal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por la jueza Daniella Camacho Herold, declaró a la exasambleísta Karina Arteaga culpable, en el grado de autora directa de posible delito de concusión.

Para la imposición de la pena agravada de seis años y ocho meses de cárcel a la que fue condenada la exasambleísta correísta el tribunal tomó en consideración circunstancias agravantes, según anunció la jueza.

Además de la pena, a Arteaga se le impuso una multa de 12 salarios básicos. Además Arteaga fue inhabilitada para contratar con el Estado y perdió sus derechos políticos por 25 años.

Pero no solo Arteaga fue condenada. El tribunal declaró también a su excolaboradora Jenny Muñoz culpable como cómplice del posible delito de concusión contemplado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con concurrencia de agravantes. Muñoz recibió tres años y cuatro meses de pena agravada, una multa de 12 salarios, la inhabilitación de contratar con el Estado y la pérdida de derechos políticos por 12 años y seis meses.

La jueza dijo que se declaró a lugar la reparación a las víctimas. Eso implica que las sentenciadas deberán ofrecer disculpas públicas al pueblo ecuatoriano y a las cinco víctimas en una sesión del pleno de la Asamblea en donde se debe reconocer haber cometido la infracción. La sentencia estará en la página web de la Asamblea y la resolución tiene que publicarse en tres diarios de circulación nacional.

Como indemnización por el daño material el tribunal ordenó que, de forma solidaria, Arteaga y Muñoz paguen 10.398 dólares a María Pinargote por el daño causado. Que a Freia Orellana se le cancelen 4.937 dólares y 160 a Nabrit Alcívar.

El tribunal concluyó que con eso se repararía la exigencia de dinero de sus sueldos por la que fueron juzgadas ambas sospechosas del cobro de diezmos.

Se ratificaron las medidas reales impuestas a las dos sentenciadas para garantizar el pago de la reparación integral.

Antes de que concluya la audiencia el abogado José Moreno, defensor de Arteaga, pidió fecha para sustentar el pedido de suspensión condicional de la pena de su cliente.

El fiscal Wilson Toainga estuvo a cargo de la presentación de pruebas en el caso en el que se acusó a Arteaga de pedir contribuciones a sus excolaboradores para que mantengan sus puestos de trabajo. Esta es la tercera condena por posible concusión que alcanza a una exlegisladora. Antes que ella fueron condenadas María Alejandra Vicuña y la exlegisladora correísta Norma Vallejo.