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Los manifestantes mostraron pancartas durante la jornada en los exteriores de la Cárcel Número 4 de QuitoEFE

Seguidores de Glas exigen la libertad del exvicepresidente

Glas volvió a la cárcel para cumplir dos sentencias por asociación ilícita y cohecho, de seis y ocho años de prisión, respectivamente

Un nutrido grupo de seguidores del exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, quien regresó a la cárcel el pasado viernes tras anulársele un recurso de hábeas corpus, exigió este domingo 22 de mayo su liberación definitiva y acusó al sistema judicial de ejercer una supuesta persecución legal en su contra.

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“Jorge, héroe de la revolución” ciudadana y “En Ecuador no hay justicia” fueron algunos de los lemas que los manifestantes mostraron en pancartas durante la jornada en los exteriores de la Cárcel Número 4 de Quito, donde fue recluido el exvicepresidente del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

Glas, de 52 años de edad, se entregó nuevamente a la justicia el pasado viernes 20 de mayo, luego que la corte de la provincia costera de Santa Elena revocara el hábeas corpus emitido por un juez de la misma jurisdicción.

El exvicepresidente, militante de la Revolución Ciudadana, movimiento que dirige desde Bruselas Correa -también requerido por la justicia de su país por casos de corrupción que él niega-, ingresó en prisión a finales de 2017 y sólo gozó de 40 días de libertad por el recurso de hábeas corpus.

El hábeas corpus que fue concedido a Glas aceptó el alegato de su defensa sobre su delicado estado de salud, el cumplimiento de los periodos y condiciones de reclusión y la situación de violencia dentro de las cárceles de Ecuador, lo que ponía al reo en peligro, según sus abogados.

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La Corte Provincial de Justicia de Santa Elena resolvió el pasado viernes declarar la nulidad de todo lo actuado por el juez que aprobó el hábeas corpus, por falta de competencia territorial y por no haberse notificado el fallo a la Procuraduría (Abogacía) General del Estado.

Las condenas judiciales contra Glas se enmarcan dentro de los sobornos pagados por empresas, entre ellas la constructora brasileña Odebrecht, para financiar irregularmente al entonces movimiento oficialista Alianza País.

Además de ser el vicepresidente durante el Gobierno de Correa, también fue, por pocos meses, de su sucesor, Lenín Moreno (2017-2021).