La duda es contagiosa. La detención del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, pone en entredicho la efectividad del mecanismo de selección de candidaturas probas e íntegras que aplican algunas organizaciones políticas, sin importar el origen del cuadro o el cargo que ocupará, a puertas de un proceso electoral presidencial y legislativo.

Si bien, como contó este Diario en su edición de ayer, no es posible que los partidos y movimientos políticos garanticen plenamente que las personas que postulan vayan o no a estar involucradas en actos poco éticos durante su gestión, tampoco es menos cierto que una vez electa la autoridad el partido o movimiento celebra su victoria y no hay un seguimiento a su gestión, solo hasta que suceden actos irregulares.

Los militantes, quienes en teoría (no tanto en la práctica), son los que designan a los candidatos en eventos de elección interna, no están involucrados en esa línea de cuestionar la autoridad electa por su partido. Tampoco de exigir que sus candidatos salgan de la militancia. El peso recae en la dirigencia que, cuando se ve expuesta a pronunciarse sobre acciones poco íntegras de sus autoridades, toman una postura tibia que sube de tono dependiendo de las evidencias que presente o gestiones de la Fiscalía.

Militantes poco proactivos, dirigentes que privilegian las encuestas en lugar de investigar un poco más a fondo a quienes llevarán su bandera en las elecciones, son solo dos aspectos que deben empujar a pensar y repensar el rol de las organizaciones políticas en este gran engranaje de la lucha contra la corrupción.

Todo es un círculo vicioso que extiende sus ramificaciones y ahora, en el caso específico de la Prefectura del Guayas, deja a una institución con su cabeza detenida y con el corazón, el pleno del Consejo, en medio de un dilema: colocar o no la destitución sobre la mesa.

Es una clara disyuntiva para alguno de sus miembros, no para otros que consideran que el prefecto Morales debe ser sucedido por la viceprefecta Susana González bajo el mecanismo que contempla la ley.

El argumento en común de quienes creen que es prematuro hablar de sucesión del puesto es la presunción de inocencia de la que gozan todos los ciudadanos cuando son investigados por la ley, incluido el prefecto. En la otra orilla están las voces que creen que existen los suficientes elementos para que el pleno del Consejo sesione y sancione con la destitución la responsabilidad política que pesa sobre los hombros del prefecto. De los consultados por este Diario (ver reacciones más abajo), la mayoría se refugia en la postura cauta de dejar a la justicia que avance un poco más.

La Asociación de Municipalidades del Guayas tiene previsto reunirse hoy, analizar a situación y manifestar una postura conjunta.

Reacciones de consejeros provinciales

Lo que dice el Código de Ordenamiento Territorial

• Artículo 47. Atribuciones del Consejo Provincial. Entre otras: “Remover, con el voto conforme de las dos tercera partes de sus integrantes, al prefecto... que hubiere incurrido en una de las causales previstas en el Código.
• Artículo 333. Causales para la remoción del ejecutivo. Son causales entre otras: “Incumplimiento legal y comprobado de disposiciones en el Código, las ordenanzas o resoluciones. Despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos del Gobierno Autónomo Descentralizado, legal y debidamente comprobado”.