Acumulables. Las condenas que hasta ahora ha recibido Daniel Salcedo Bonilla, uno de los principales investigados en una trama de corrupción hospitalaria detectada durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, se podrían sumar al culminar los juicios que enfrenta por varios delitos.

En menos de un año, el acusado ya registra dos sentencias condenatorias que suman un total de 17 años de cárcel, por fraude procesal (4) y peculado (13). Aunque en los dos casos, los defensores han apelado las sanciones y falta un largo trecho para que se ejecutoríen las sentencias, expertos concuerdan en que las penas sí son acumulables.

Así lo explica el abogado Santiago Sánchez, al recordar lo que dice el artículo 20 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre el concurso real de infracciones. Este señala que: cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón exceda los cuarenta años.

“Recordemos que en el país entró en vigencia la acumulación de penas, el artículo 55 lo señala hasta un máximo de 40 años. En el caso analizado tiene 13 años por peculado y 4 por fraude procesal que son acumulables”, explica el jurista.

Dos fiscales consultados por EXPRESO concuerdan con Sánchez, fundamentados en lo que señala el artículo 20 del COIP. ¿Pero, a quién le corresponde hacer ese cómputo? Uno de los investigadores sostiene que lo debe hacer un juez de Garantías Penitenciarias una vez que se ejecutoríen las sentencias. Es decir, que estén en firme y no haya nada más que hacer dentro de la justicia.

Un tema que podría ser a discrecionalidad del juez que le toque hacerlo. Sánchez considera que el juzgador está obligado a realizar el cómputo, porque de lo contrario se iría contra la ley expresa y puede ser destituido. Un resultado que generaría también jurisprudencia, pues de esa resolución se podrían acoger, a futuro, otros acusados sancionados por varios delitos.

Este Diario llamó a dos defensores de Salcedo para consultar sobre su situación jurídica, pero, hasta el cierre de esta edición, no respondieron a las llamadas telefónicas ni a mensajes de WhatsApp.

Daniel enfrenta un tercer juicio con su hermano Noé Salcedo y otras siete personas (cinco de ellas jurídicas), en la provincia de El Oro, por el delito de lavado de activos. Una investigación que nació el 9 de junio de 2020, un día después del accidente aviatorio que sufrió en Perú; y que generó la primera sentencia el 16 de diciembre de 2020 tras ser declarado culpable del delito de fraude procesal al haber engañado a las autoridades con la utilización de una credencial falsa con la que salió del país. Junto con su entonces pareja sentimental, Joselyn Mieles, y el piloto Franklin Lara, recibieron cuatro años de cárcel.

La segunda sentencia condenatoria se dictó el pasado lunes 5 de julio, tras la culminación de la audiencia de juzgamiento que encaró Salcedo y otras siete personas, entre ellas, exfuncionarias del Hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Siete fueron condenados a 13 años de cárcel por el delito de peculado en la compra de insumos, entre los que constaban fundas para cadáveres.

EN DETALLE

La pena máxima por el delito de delincuencia organizada es de diez años de cárcel. El delito de lavado de activos se sanciona de 1 a 13 años de pena privativa de libertad.

También está pendiente el juicio de delincuencia organizada que implica a otras 11 personas, entre los que constan el expresidente del directorio del IESS, Paúl Granda, Jacobo Bucaram Pulley.