Contra el tiempo. Así se desarrolla la audiencia de juzgamiento en contra de cinco personas, entre ellas, exfuncionarios del hospital Guasmo Sur y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), investigados por el delito de delincuencia organizada para la presunta venta de un medicamento donado a hospitales públicos, durante la emergencia sanitaria que se decretó en 2020.

Aunque, de los juicios derivados de la trama de corrupción que se desató en tiempos de pandemia es el que más avanza en el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, los jueces pisan el acelerador para evitar la caducidad de la prisión preventiva.

El próximo 12 de julio de 2021 vence el plazo de esa medida cautelar que, hace un año, se dictó en contra de los detenidos, particularmente de Abraham Muñoz Vélez, principal implicado en la presunta venta del medicamento Actemra, que fue donado a hospitales para pacientes diagnosticados con la COVID-19.

El tribunal Penal que conoce la causa ya advirtió la proximidad de la caducidad, tras la suspensión de la audiencia de juzgamiento, la tarde del lunes 28 de junio de 2021. Esto, luego de perderse la conexión, por fallas en la Internet, con el Centro de Privación de Libertad de Machala, provincia de El Oro, donde permanece detenido Noé Salcedo Bonilla, hermano de Daniel Salcedo, ambos investigados en otros casos relacionados con la trama de corrupción en hospitales. Noé y Abraham encaran el juicio como presuntos autores directos del delito.

También son juzgados en el caso Erick Pionce Delgado, Víctor Chele Loor y Francisco San Jiménez, exfuncionarios del Hospital Guasmo Sur y del Teodoro Maldonado Carbo del IESS, quienes fueron llamados a juicio en calidad de colaboradores.

La diligencia será retomada la tarde de este martes 29, en una de las salas de la Unidad Judicial Penal No. 2 de Guayaquil (Albán Borja).

El fiscal César Suárez Pilay, quien investigó el caso, concluyó con la presentación de la prueba testimonial y documental, con las que busca afianzar la acusación que presentó en contra de los procesados, cuyos defensores expondrán también pruebas a favor.

La Fiscalía inició la investigación en junio de 2020 tras denuncias de la ciudadanía y de noticias aparecidas en redes sociales y medios de comunicación, que señalaban la presunta venta de medicamentos para tratar la COVID-19 en cantidades onerosas de dinero, durante la crisis sanitaria por la pandemia, en los meses de marzo, abril y mayo de 2020, informó la Fiscalía General del Estado.

Las investigaciones se centraron en una presunta organización delictiva que se habría dedicado a la venta ilícita de insumos médicos con sobreprecio, especialmente del medicamento denominado Actemra, que fue comercializado en Guayaquil. que oscilaba entre los 400 y los 1.000 dólares por ampolla. Dicho medicamento habría salido del hospital Guasmo Sur, con la presunta complicidad de funcionarios de la casa de salud.

Según la investigación, Abraham Muñoz y  Noé Salcedo habrían sido quienes se dedicaban a la venta del medicamento en las calles, mientras que los exfuncionarios también procesados Víctor Chele (subdirector del Área de Medicamentos), Erick Pionce (funcionario), Álvaro Ponce (exgerente del Hospital Guasmo Sur) y Francisco San Jiménez (asistente de bodega) les habrían facilitado las ampollas, señaló la Fiscalía.

En la audiencia preparatoria de juicio, la jueza Marcela Ortega, quien conoció el caso, dictó sobreseimiento a favor de Ponce, quien también se desempeñó como gobernador del Guayas. Fallo que fue impugnado por el fiscal Suárez, lo que será analizado por la Sala Penal de la Corte del Guayas.