Rodolfo Baquerizo A.: “La vivienda es una gran palanca de reactivación”

Conversamos con Rodolfo Baquerizo A., uno de los promotores de la propuesta ‘Política Pública de Vivienda 2021-2025’, un documento técnico que plantea reformas concretas, viables y de bajo costo para dinamizar el acceso a vivienda en Ecuador. A continuación, la visión, las ideas y los beneficios de una hoja de ruta que busca transformar el sector.

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¿Por qué el sector inmobiliario debería estar en el centro del debate económico del Ecuador?

Porque ningún país puede crecer de forma sostenible sin garantizar el acceso a vivienda digna. La vivienda no solo es un derecho, es una plataforma para mejorar salud, educación, empleo y cohesión social. Y además, el sector inmobiliario tiene un poderoso efecto multiplicador en la economía: genera empleo, dinamiza más de 40 industrias y atrae inversión a largo plazo.

El documento identifica dos grandes cuellos de botella. ¿Cuáles son?

El primero es el largo y burocrático ciclo productivo de los proyectos de vivienda: trámites lentos, normas obsoletas y revisiones innecesarias que encarecen y retrasan los proyectos. El segundo es la falta de capital: desarrollar vivienda es una actividad intensiva en financiamiento, y nuestro mercado de capitales es aún muy limitado. Ambos factores, juntos, frenan tanto la oferta como el acceso a vivienda.

¿Y cómo se puede destrabar ese ciclo tan largo que menciona?

Con reformas muy puntuales. Primero, proponemos que los proyectos arranquen automáticamente con una “declaración responsable” del promotor, como ya se hace en otros países y como permite la legislación vigente. El Municipio puede seguir controlando, pero no debe frenar de entrada. 

Segundo, proponemos tercerizar las inspecciones durante la obra a profesionales calificados, para evitar retrasos, discrecionalidad o incluso corrupción. Y tercero, que todas las exigencias técnicas sean claras, públicas e irretroactivas durante el ciclo del proyecto. Esto da previsibilidad jurídica.

¿Qué tan fácil es implementar eso?

Bastante. Son reformas que no requieren grandes inversiones públicas ni cambios constitucionales. Algunas ya están reconocidas en la ley, solo que no se aplican por falta de voluntad o coordinación. Lo que proponemos es tomar lo que ya existe, ordenarlo y ejecutarlo a nivel nacional con criterios técnicos y uniformes.

Otro eje fuerte de la propuesta es la digitalización. ¿Qué implicaría para el sector?

Una revolución. Hoy todavía necesitamos trámites presenciales, notarías, firmas manuscritas y registros físicos. Proponemos una transición progresiva hacia un sistema digital completo: liquidaciones automáticas de tasas, contratos electrónicos, registros en blockchain e incluso contratos inteligentes que integren crédito, pagos y titularización. Esto no solo ahorra tiempo, también reduce riesgos y elimina intermediaciones innecesarias.

¿Eso no sería costoso o difícil para los municipios o notarios?

Todo lo contrario. Muchas herramientas ya existen. La Ley de Comercio Electrónico reconoce la validez de estos actos desde 2002. Lo que falta es que las instituciones públicas se adapten. Y más bien, esto permitiría que los municipios trabajen más eficientemente, que los notarios usen plataformas propias, y que los ciudadanos tengan menos trámites y más certeza.

Hablemos de la parte financiera. ¿Cómo facilitar el acceso al capital?

El sector necesita liquidez a largo plazo. Por eso proponemos permitir que fondos previsionales, compañías de seguros y fondos de inversión participen más activamente. 

También queremos eliminar el ISD para estas operaciones, flexibilizar normas de inversión institucional y promover cuentas de ahorro previsional privadas. Todo esto canaliza recursos dormidos hacia proyectos productivos.

¿Y qué hay del alquiler? ¿También hay propuestas en ese frente?

Sí. Uno de los grandes olvidados del debate ha sido el mercado de arriendo, que tiene muchísimo potencial. Proponemos modernizar la Ley de Inquilinato, permitiendo procesos de desalojo más ágiles en caso de incumplimiento, pero con respeto a los derechos de ambas partes. También buscamos estimular la inversión en vivienda para renta, mediante fondos inmobiliarios que hoy operan solo en inmuebles comerciales. Ecuador necesita un mercado de alquiler más sólido, accesible y seguro.

¿Y qué beneficios concretos tendría esta agenda para el ciudadano común?

Más vivienda, más rápida y a menor costo. También más empleo, más opciones para arrendar o comprar, y menos burocracia. En el fondo, lo que estamos planteando es facilitar la vida de la gente: que puedan construir, financiar o habitar una vivienda sin depender de trámites eternos ni incertidumbres legales.

¿Esto es algo que podría impulsarse desde el gobierno central?

Totalmente. Muchas de estas medidas pueden implementarse por decreto, reglamentos o acuerdos ministeriales. También con liderazgo político y coordinación con los municipios. El nuevo período presidencial es una oportunidad para que las autoridades prioricen estas reformas. No hacen falta millones, hace falta decisión.

Por último, ¿qué le diría al lector que piensa que este tipo de propuestas se quedan solo en el papel?

Que la vivienda no puede seguir siendo rehén de la burocracia ni de la desconfianza. Lo que proponemos es un plan realista, técnico y probado en otras latitudes. 

Y que sí, depende de autoridades, pero también de que los ciudadanos exijamos nuestros derechos y presionemos por un sistema más ágil, justo y moderno. La vivienda puede ser la gran palanca de reactivación del país. Solo tenemos que desbloquearla.

Es licenciado en Economía de la Universidad de Harvard y máster en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Massachussetts. Se graduó del Programa para Presidentes/Dueños de Empresas en la Escuela de Negocios de Harvard. Es fundador y socio del Grupo AB, organización que ha entregado decenas de miles de viviendas en Guayaquil.

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