El hecho de que en menos de 15 meses, dos UPC (Unidad de Policía Comunitaria) de Manabí hayan sido víctima de robos enciende las alarmas. En julio de 2022 antisociales sustrajeron 19 armas en Portoviejo, mientras la madrugada del 7 de noviembre fueron robadas 45 armas (41 pistolas tipo Glock y 4 carabinas calibre 2.23.

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El nuevo perjuicio a la institución policial se registró en la UPC del cantón Santa Ana, ubicado en pleno centro de esta jurisdicción manabita. Dos mujeres ingresaron pidiendo un auxilio y posteriormente solicitaron un vaso de agua al único gendarme que hacía guardia en el sitio. Ese fue el método de distracción usado para que otros dos sujetos ingresen, golpeen y dejen maniatado al gendarme.

Fabary Montalvo, jefe policial de la Subzona Manabí 13, indicó que tras el hecho desde la institución del orden se han abierto procesos administrativos internos, con el afán de determinar o ratificar si existen grados de responsabilidad de algún servidor policial frente a este caso.

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"Desde el lado penal estamos brindando toda la información a las autoridades correspondientes como Fiscalía para que se permita el esclarecimiento de este caso. Desde Quito han viajado unidades especializadas por determinación de mi general para que ayuden en la investigación", dijo Montalvo.

El oficial agregó que están tomando los correctivos necesarios para verificar los lugares físicos donde no se presenten las medidas de seguridad. De esa forma analizan la reubicación de rastrillos a otras infraestructuras policiales donde haya mayor resguardo.

• Los robos a las UPC alimenta la inseguridad

Luis Lara, experto en seguridad y perito en Criminalística indicó que es sumamente preocupante que armas del Estado caigan en manos de grupos delictivos. "Constituye un peligro para la comunidad que las organizaciones estén armadas. Desde Inteligencia se deben realizar de forma urgente las operaciones del caso con fines de detectar, ubicar y recuperar estas armas", dijo el exgeneral de la Policía.

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Lara sostuvo que se trata de un tema delincuencial grave. Aseguró que todas las instituciones del Estado debe tener sus propias seguridades para resguardar sus bienes y constituye un hecho lamentable que la propia institución que presta seguridad sea blanco de robos.

"Hay custodios que tienen que responder internamente por estos actos, debe aplicarse una investigación interna como externa a través de Fiscalía. Que caigan en manos delincuenciales es como darles carne al tigre", lamentó.

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Adolfo Castro, presidente del Colegio de Abogados y experto en lo penal, dijo que debe existir una labor de Criminalística y Fiscalía para determinar los detalles de las armas sustraídas a través de un inventario, además que por la numeración y serie de las mismas sería fácil detectar si estás fueron parte de algún delito.

Tito Merchan, otro abogado de lo penal, sostuvo que si algún gendarme o servidor policial pierde su arma por algún robo o hurto, lo recomendable es hacer la respectiva denuncia para que se proceda posteriormente a una investigación inmediata de carácter fiscal. "Toda esa documentación servirá para justificar posteriormente si existe un mal uso del arma de dotación sustraída", precisó el jurisconsulto.

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