Una soltura peligrosa. La falta de rigurosidad en los reportes económicos de las organizaciones políticas, según legisladores, abre el camino para que dinero ilícito se infiltre en los partidos y, sobre todo, se incumpla la ley. Asimismo, indican que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los organismos de control están obligados a garantizar la transparencia de los recursos.

“Cuidado nos estamos rodeando de políticos que tienen origen en un narcolavado”, dijo a EXPRESO el asambleísta de Pachakutik y miembro de la Comisión de Justicia, Ricardo Vanegas. Además, indicó que “todo ingreso y gasto” de las organizaciones políticas “debe ser transparentado”.

Advertencia que, según Vanegas, es relevante porque los partidos políticos “son el mecanismo por el cual hombres y mujeres se convierten en servidores públicos”. Por ello, considera que hay motivo suficiente para que el CNE audite las cuentas de los partidos y, de ser necesario, convoque a la Contraloría General del Estado.

Sin embargo, el asambleísta por el Partido Social Cristiano, Esteban Torres, quien votó a favor de las reformas al Código de la Democracia en la legislatura anterior, señaló que “no puedo especular” sobre si este tipo de omisiones hacen permeable las finanzas de las organizaciones políticas.

De igual manera, indicó que, si hay faltas por parte de los partidos y movimientos políticos, el CNE “debe sancionarles, para eso está como organismo de control” y que, de no haberlas, “es porque no se ha incumplido nada” de la normativa.

Reflexión a la que sí se suma el legislador por Izquierda Democrática, Dalton Bacigalupo. “No puede ser que haya algún tipo de financiamiento irregular o de lavado de dinero” a través de las organizaciones y de las campañas políticas. Asimismo, consideró que no precisar los aportes que reciben las organizaciones políticas menoscaba la ley, ya que “esa disposición legal apunta a que exista transparencia en el informe económico financiero de los partidos” y que, en caso de que se la viole, las autoridades electorales deben observar y “exigir esa información bajo prevención de alguna sanción”.

Criterio que comparte el asambleísta por Izquierda Democrática y presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, y añadió que, además de transparentar los ingresos de los partidos, los recursos deben ser destinados a la “formación y capacitación de la militancia (...) para entregarle al país verdaderos políticos”.

También señaló que dentro de las organizaciones políticas “debe y existen personas encargadas de garantizar que exista transparencia en el uso de estos recursos” e indicó que la Contraloría debe hacer seguimiento como lo ha hecho en “varios casos del país”.

La transparencia en los informes económicos de las organizaciones, según los legisladores consultados, radica no solo en la responsabilidad de los partidos y movimientos políticos, sino en el control que las autoridades hacen sobre el cumplimiento de la ley. Sin embargo, también señalan que el Consejo Nacional Electoral permite que haya “una violación flagrante” de la normativa.