En manos de los 21 concejales de Quito está la permanencia o salida del alcalde Jorge Yunda. La mañana de este 2 de junio, a partir de las 08:30, se instaló la sesión de Concejo Metropolitano que resolverá sobre el pedido de remoción en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda.  La sesión continúa en este momento con la lectura de los antecedentes y elementos de cargo y descargo para la censura de Yunda. Los pedidos de remoción son impulsados por Marcelo Hallo, del Colectivo Quito Unido, y Carolina Moreno, del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito.

Desde las 06:00 de este 2 de junio, en las afueras de la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito, empezaron lo preparativos de seguridad para dar resguardo a la sesión de Concejo.

Principalmente, miembros del Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano hacen la guardia y mantuvieron el orden para evitar inconvenientes. Desde las 07:00, simpatizantes de Yunda iniciaron su entrada hasta el área donde se instalaría la Comisión de Mesa.

Afuera de la Alcaldía, en cambio, se desarrollan cuatro manifestaciones a favor y en contra. Según el reporte de la Policía Nacional, a las 10:15 estaban concentradas alrededor de 300 personas. Los grupos están ubicados a dos y tres cuadras del edificio municipal, separados los bandos por vallas metálicas. No se han presentado desmanes. Además, la Policía dispuso 800 uniformados para controlar las manifestaciones.

"Yunda, amigo, el pueblo está contigo". "Hay que defender la democracia", gritan los simpatizantes del Alcalde concentrados en las calles Venezuela y Sucre. Los manifestantes se identifican como comerciantes de los mercados de Chiriyacu, Magdalena, Conocoto, ala Pulida, Calderón y El Tejar.

En las calles Chile y Guayaquil se ubica el grupo que pide la salida de Yunda. Lo acusan de malversación de los fondos públicos de la ciudad. "¡Quito se respeta, carajo!", gritan los opositores al funcionario. También lo acusan de actos de corrupción por las "pruebas chimbas" y de favorecer con contratos "a los amigos".

En la sesión del Concejo ninguno de estos argumentos forma parte del debate. De hecho, los elementos para la censura del alcalde se sustentan en formalismos. Los nueve elementos en contra de Yunda giran en torno a que supuestamente violó los literales C y G del artículo 333 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). El literal C dice que son causales para la remoción el incumplimiento legal de las disposiciones del Cootad, las ordenanzas o resoluciones. En cambio, el literal G, refiera al incumplimiento del ejercicio del derecho a la participación de los ciudadanos.

PRIMER PROCESO DE REMOCIÓN SE DESESTIMA

Cerca de las 12:00, el denunciante Marcelo Hallo decidió retirar su pedido de remoción del Alcalde Jorge Yunda porque dice que ya hay un acuerdo entre los concejales correístas para blindarlo. Asegura que ahora buscará la salida del Alcalde a través de la revocatoria del mandato.

Luego de la lectura del informe de la Comisión de Mesa, Hallo afirmó que no sería parte de un supuesto "amarre político", por lo que retiró el pedido de remoción, en medio de los reclamos de los ediles. 

Los concejales tildaron a Hallo de "sinvergüenza, cobarde, ridículo" y otros epítetos después de que él anunciara que buscará una revocatoria del mandato. La vicealcaldesa de Quito, Gissela Chalá dijo que el denunciante uso el estrado del Concejo para sus "frustraciones políticas". Santiago Guarderas, quien presidió la sesión, dijo que se analizarán acciones legales en contra de Hallo.

El denunciante salió de las instalaciones del Municipio de Quito con resguardo policial y de agentes metropolitanos.

A las 15:30 está convocada la sesión en la que se tratará el segundo pedido de remoción.

ANTECEDENTES 

Según la Secretaría municipal, esta es la primera vez que un Concejo Metropolitano trata un pedido de remoción. En las administraciones de Mauricio Rodas se presentaron ocho pedidos de remoción y contra Augusto Barrera hubo un trámite de remoción y otro por revocatoria del mandato. No pasaron la Comisión de Mesa. Con Yunda, su situación es más delicada, pues aparte de los procesos administrativos enfrenta la acusación de la Fiscalía por un presunto peculado. El expediente se desprende de la compra de pruebas para detección de COVID-19.