Una regularizacion expres

Sumaban unos mil negocios, muchos más de los que intuía el Municipio antes de desplegar a sus inspectores por las calles de Urdesa y la Francisco Boloña, en la Kennedy.

Unos habían echado raíces en locales; otros, en viviendas. La gran mayoría contaba con tasas de habilitación porque el catastro recogía el uso comercial del predio, pero desarrollaba actividades “no autorizadas” para esos solares; otros carecían de permisos; y algunos los habían conseguido pagando “coimas” a funcionarios. Unas prácticas ilegales que, en 2015, habían propiciado el despido del 30 % del personal adscrito a la Dirección de Urbanismo, Registro y Ordenamiento Territorial.

Los dueños de estos establecimientos tienen todo el año para regularizar su situación. Deben adaptarse a un nuevo régimen legal, que modifica las condiciones de edificación y uso del suelo en ambas ciudadelas y aparece recogido en una ordenanza aprobada en noviembre, tras dos revisiones y un encendido debate político y social.

Pero la mayor parte ya ha iniciado los trámites. Las cifras facilitadas a EXPRESO por José Miguel Rubio, director municipal del área, así lo reflejan. Toda precaución parece poca cuando acecha la amenaza de clausura. Eso sí, el proceso no está exento de críticas, miedos y tensiones.

Cuando entró en vigor la normativa, había 2.000 empresas censadas en la zona. El alcalde Jaime Nebot anunció que no se aplicaría con efecto retroactivo a las que respetaban la legalidad. Pero sí, matiza Rubio, a la mitad que entonces la incumplía. “Aparecerán más”, augura este.

La incertidumbre ha finalizado para el primer grupo, radicado en 820 edificaciones de uso comercial, después de que las autoridades efectuaran algunos ajustes sobre las actividades que pueden albergar.

Las más conflictivas son las 180 que aproximadamente operan en domicilios. Los dueños de 138, el 75 %, han presentado sus proyectos para realizar las obras demandadas (parqueos, modificaciones en la fachada...). Y han recibido el visto bueno del Cabildo, de modo que poseen los registros de construcción. Si concluyen las labores según lo previsto, obtendrán el uso comercial para sus terrenos.

Ahora bien, el futuro de unas 40 continúa en el aire: “Hemos rechazado las solicitudes porque no resuelven los problemas. Estamos a la espera de sus propuestas”.

Los parqueos, cuya cantidad varía según el tipo de compañía, son el principal escollo. En un primer momento, se dictó que las cafeterías y restaurantes, los más castigados, debían habilitar uno por cada juego de mesa y cuatro sillas. Pero a raíz de las quejas de afectados y oposición, se cambió a una plaza por cada seis metros cuadrados útiles destinados a comensales.

Todavía hay quienes siguen viendo esta medida como un obstáculo insalvable. Ricardo Prieto, propietario de un restaurante en la Víctor Emilio Estrada, lleva un tiempo intentando acondicionar su local, como tendrán que hacer también los de nueva apertura. Pero los trámites “se demoran bastante” y no sabe dónde crear los estacionamientos. “Acá no queda espacio. No puedo derribar y volver a construir”, lamenta.

Rubio trata de mitigar su inquietud y le recuerda que no es obligatorio implantarlos en el mismo predio, que basta con que se ubiquen en Urdesa. “En ese caso, prefiero que los tenga una o dos calles más atrás. Imagine la Víctor Emilio llena de parqueos...”, analiza.

Otros empresarios, que hablan desde el anonimato para no avivar las disputas con el Municipio, sostienen que la normativa “está dañando” la zona, que les resulta “imposible” acometer las mejoras, que muchos colegas se han marchado “asustados” y que los inmuebles “van a perder valor”.

Algo más templado es el discurso de José Luis Camps, un exasesor de varios restaurantes urdesinos que actualmente trabaja en el sector inmobiliario y vaticina una caída de los alquileres. “La economía está deprimida. Si la ordenanza se hubiera aprobado cinco años antes, tal vez no habría ocurrido nada. Ahora, ¿cuál es el recurso de quienes tienen casas que nadie quiere para vivir? Rentarlas como negocios. Pero ya no hay la misma demanda”, destaca.

Aunque admite que “un mínimo” porcentaje deberá cerrar, el director de Urbanismo, Registro y Ordenamiento Territorial insiste en que su objetivo no es desencadenar una fuga de compañías. Por eso aconseja a los pesimistas que, antes de rendirse, se reúnan con él: “Agoten todas las instancias”.