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Refuerzo judicial contra la violencia a las mujeres
Guayaquil sube a 21 jueces para la demanda por maltratos. Faltan recursos al recibir denuncias. El norte, con más casos.

Un promedio de 30 a 40 denuncias de víctimas directas (hombres y mujeres) se registran a diario en la Unidad Contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar del Complejo Judicial de la Florida, en el norte de Guayaquil. Apenas una muestra del maltrato físico, psicológico y sexual que se presenta en la ciudad, que en ocasiones termina con el bien más preciado del ser humano: la vida, en general de mujeres.
La situación llevó al Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) tomar acciones para fortalecer los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
El pasado lunes, la entidad designó a cuatro juezas para que se sumen a la labor que se desarrollan en esas unidades, especialmente en las provincias de Guayas y Los Ríos. Dos de las funcionarias atenderán en Guayaquil, mientras que la tercera en el cantón Durán. Se trata de las abogadas Andrea Michelle Ordóñez Riera, Jennifer Angélica Montaño Ortiz y Karen Paulina Alarcón Macías.
Se desconoce si las dos servidoras designadas para el Puerto Principal serán distribuidas entre las unidades de la Florida y Valdivia, esta última ubicada en el sur de la ciudad. La Judicatura no entregó más detalles al respecto, por cuanto el vocal que lleva esos temas está con agenda llena por su reciente nombramiento, indicó una vocera de la entidad.
Ordóñez y Montaño se suman a los 19 jueces que atienden la demanda de violencia intrafamiliar que se registra a diario, en el Puerto Principal.
Diez de ellos despachan en la Unidad de la Florida, creada el 15 de julio de 2013, para atender los casos que se presentan en sectores del norte de la urbe como: Pascuales, Bastión Popular, Sergio Toral, Flor de Bastión; entre otros, donde se presenta la mayoría de hechos violentos dentro del núcleo familiar.
Si bien, el contingente judicial contribuirá para dar mayor celeridad en el trámite de esos procesos y evitar la impunidad, el cuello de botella sigue quedando en la Fiscalía.
Apenas cuatro fiscales (dos de flagrancia y dos de procedimiento ordinario) atienden los casos de esa parte de la ciudad.
Las dos últimas laboran desde marzo de 2018; y, desde entonces, ya suman aproximadamente 4.000 expedientes por delitos de violación, femicidios, abusos sexuales, violencia física, sexual y psicológica, indicó una fuente de la entidad.
A la semana, las fiscales de procedimiento ordinario (ven investigaciones previas e instrucciones fiscales de flagrancia que pasan los 30 días de descanso médico) reciben una media de 50 denuncias para investigar; en su mayoría, delitos de violencia psicológica, lo que demanda no solo de más personal fiscal, sino de peritos psicólogos. Apenas cuentan con dos especialistas para esa labor.
No obstante del contingente que pueda sumarse, casi todos los casos de violencia psicológica terminan en el archivo por falta de colaboración en las pericias de investigación, asegura una funcionaria del área. Tras la presentación del escrito y de recibir las medidas de protección, las víctimas ‘desaparecen’.
En detalle
En Quevedo
La abogada Silvana Jesús Murillo Soto fue designada como jueza para la Unidad Contra la Violencia, en el cantón Quevedo, Los Ríos.
Creación
En la provincia de Cañar se creará una Unidad Judicial Contra la Violencia a la Mujer, con sede en el cantón Azogues.
Archivo
Las investigaciones previas en casos de violencia intrafamiliar duran un año. La mayoría de casos de violencia psicológica terminan en el archivo.