Referéndum 2024: Las reformas aprobadas que siguen en espera de ejecución
En abril de 2024, los ecuatorianos se pronunciaron sobre 11 preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa

La votación del referéndum y consulta popular fue el 21 de abril de 2024.
El 21 de abril de 2024, tan solo seis meses despu칠s de las elecciones generales extraordinarias de 2023, los ecuatorianos acudieron a las urnas para pronunciarse sobre 11 preguntas de refer칠ndum y consulta popular planteadas por el presidente Daniel Noboa.
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Cinco de las 11 interrogantes correspond칤an a refer칠ndum, mientras que las seis restantes eran de consulta popular. Entre los temas consultados a los ecuatorianos estuvo permitir la extradici칩n de ecuatorianos, el apoyo militar en la seguridad interna, el aumento de penas, entre otras.
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De acuerdo con el bolet칤n oficial de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), el S칤 venci칩 en nueve de las 11 preguntas. Las consultas que no gozaron de apoyo popular fueron las referentes al permitir el arbitraje internacional y el contrato laboral por horas.
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Los resultados del refer칠ndum y consulta popular de abril de 2024 fueron finalmente publicados en el Registro Oficial en mayo de 2024. Con ello, las preguntas aprobados entraron en vigor, aunque algunas requer칤an de un tratamiento previo de la Asamblea Nacional y otras procesos para su ejecuci칩n.
Un nuevo laberinto jur칤dico se abrir칤a con la alternativa que, supuestamente, le quedar칤a a Daniel Noboa para evitar pedir licencia, luego de que se le restituyera a Ver칩nica Abad sus funciones como vicepresidenta.
— Diario Expreso (@Expresoec) December 26, 2024
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La extradición, el apoyo militar y las judicaturas especializadas, con pendientes
De acuerdo con el constitucionalista y experto electoral, Esteban Ron, con la publicaci칩n de los resultados del refer칠ndum y consulta popular en el Registro Oficial ya entr칩 en vigencia todas las reformas consultadas y aprobadas por los ecuatorianos.
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Sin embargo, precisa que algunas de los preguntas del refer칠ndum aprobadas requieren de otros procesos para ser ejecutadas. En especial, la creaci칩n de judicaturas especializadas en materia constitucional, una de las reformas que menos han avanzado desde la publicaci칩n de resultados.
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En el caso de la extradici칩n de ecuatorianos, por ejemplo, dice que para la correcta operativizaci칩n de la misma se requiere de tratados internacionales con cada pa칤s. Sin esta figura, dif칤cilmente el Estado podr치 aplicarla.
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Por otra parte, recuerda que el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, aunque ya se ejecuta, requiere de un reglamento que establezca los limites de dicho apoyo. Normativa que est치 a cargo del Ejecutivo y que debe estar alineado al dictamen de la Corte Constitucional.
Del mismo modo, la implementaci칩n de las judicaturas especializadas en materia constitucional, seg칰n la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, avanza lento. Aunque la pregunta otorga un a침o a la entidad para su creaci칩n y la contrataci칩n v칤a concurso p칰blico de m치s jueces, este proceso no arranca. La Judicatura tiene plazo hasta mayo de 2025.

Carlos Vera Mora presidió la comisión ocasiona que tramitó las preguntas aprobadas de la consulta popular del 21 de abril de 2024.
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Tras la aprobaci칩n de las preguntas de consulta popular, la Asamblea Nacional cre칩 una comisi칩n ocasional, liderada por el socialcristiano Carlos Vera Mora para tratar tres proyectos de reforma al C칩digo Integral Penal (COIP) y uno sobre la Ley de Extinci칩n de Dominio.
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En julio de 2024, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvi칩 aprobar la Ley para la Aplicaci칩n de la Consulta Popular y Refer칠ndum del 21 de abril de 2024. Con su publicaci칩n en el Registro Oficial, estos cambios derivados de la consulta ya entraron en vigencia.
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El proyecto contiene 24 art칤culos, dos disposiciones transitorias y una derogatoria. El texto presentado en el debate no tuvo mayores cambios a pesar de los cuestionamientos sobre el incremento de penas por la falta de proporcionalidad entre delito y pena.
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S칤 se modific칩 el art칤culo 7 que se relaciona a la actividad il칤cita de recursos mineros. Se incluy칩 que en caso de la mineri패a artesanal sera패 sancionada con pena privativa de libertad de 13 a 16 an팪os, salvo que se demuestre que la actividad artesanal minera es l칤cita para lo cual debera패 justificar el respectivo permiso otorgado por la autoridad competente.