Recuperar es tarea de Procuraduria

Recuperar todo o parte de los fondos públicos que los corruptos se han apropiado, por diferentes vías y mecanismos, es una de las tareas más importantes que debe realizar la Contraloría, pues la Procuraduría ha estado muy lenta. Por eso de aquella depende esa medida de sanidad y profilaxis que requiere el Estado. Esto espera la ciudadanía luego de los escandalosos hechos que son de conocimiento público.

Ya hay suficiente información, documentación y pruebas para que la Contraloría emprenda en una tarea que vaya más allá de los juicios que están en marcha contra el exvicepresidente y exministros. Es preciso que se aten diferentes cabos aún sueltos, realizar una efectiva auditoría y una sumatoria de cuánto es realmente el monto con el cual se enriquecieron los corruptos, y se hizo que el Estado pague por sobreprecios o precios inadecuados (como por ejemplo los establecidos por la preventa petrolera).

La Procuraduría, que no cumplió, ha estimado que las coimas de Odebrecht superan los 50 millones de dólares. A esto hay que sumar los valores que ha llegado a establecer la Comisión Anticorrupción de los venerables ancianos. Ellos son los únicos que han reivindicado la ética y la decencia pública. Según sus investigaciones, la suma por corrupción en la década pasada ascendería a 35.695’874.839 dólares.

En la lista de Contraloría están los proyectos hidroeléctricos, de riego, de obra pública y otros, que están siendo examinados. También: aeropuerto de Tena, hidroeléctrica Manduriacu, hidroeléctrica Pucará, hidroeléctrica San Francisco, hidroeléctrica Toachi-Pilatón, Metro de Quito, Multipropósito Baba, pavimentación de la vía km 104 puente Gringo Pepe, poliducto Pascuales- Cuenca, protección del túnel Cerro Azul, Puerto de Aguas Profundas de Posorja, refinería del Pacífico (movimiento de tierra y acueducto La Esperanza), Ruta Viva fases I y II de Quito, Sistema de Riego Carrizal Chone, trasvase Daule-Vinces, contrato de preventa petrolera, los sobreprecios de algunas edificaciones, carreteras y un etcétera muy grande.

Ante estos hechos y evidencias es necesario que Contraloría le devuelva al país la confianza en las instituciones de control. Esta es su tarea y es lo que espera el Ecuador para saber finalmente quiénes son los que tienen que responder por esos 35.695 millones de dólares.