Plantones afuera de la Fiscalía, pastillas antidepresivas, amenazas de muerte, lágrimas... Todo esto deben padecer las madres de víctimas que han sido asesinadas o que han desaparecido.

Sus vidas han cambiado por completo luego del suceso relacionado con su familiar. Algunas mujeres han dejado sus trabajos para dedicarse a buscar la verdad, mientras que otras todavía no pueden superar el luto y continúan con la esperanza de volver a ver a sus parientes.

A diario, Olga Rodríguez toma tres pastillas luego del desayuno y cinco antes de dormir, para disminuir los síntomas de ansiedad. Además, consume un gotero que le ayuda a tratar las crisis de angustia y depresión, va al siquiatra dos veces al mes y visita al sicólogo de forma frecuente.

Este tratamiento es para superar la pérdida de su hija trans, quien fue asesinada con varias puñaladas el 1 de noviembre del 2020. La investigación continúa en curso, pero todavía no hay un sospechoso relacionado con el crimen.

Sin embargo, Rodríguez cree que el responsable es la última pareja de Cristina, quien se ha convertido en una pesadilla para la señora, de 62 años.

Desde el día del crimen ha dejado de ir al Centro Histórico, porque allegados le han dicho que vieron al hombre caminar por ahí. “Vive de albergue en albergue huyendo de la ley”, cuenta. El miedo, sin embargo, no la detiene a continuar presionando a las autoridades para que se esclarezca el caso. De hecho, compró una caja de marcadores para escribir carteles con mensajes para exigir justicia por su hija y se planta en las afueras de la Fiscalía.

La mujer dice que el amor de madre le permite seguir en pie de lucha, aunque tenga bajones anímicos y sufra de paranoia, aunque nadie la quiera apoyar. “Una mamá es capaz de hacer todo por un hijo”.

Cristina era su única descendiente. Con su muerte, Rodríguez quedó sola. Por eso, las pocas cosas que logró recuperar de su hija, como perfumes, peluches y fotografías, las guarda con recelo en su dormitorio. Añora un día levantarse y volverla a ver.

Para este 8 de marzo, Día de la Mujer, pretende hacer un almuerzo con sus familiares más cercanos y preparar shawarma, el plato favorito de su hija. Quiere rendirle un homenaje haciendo las cosas que le gustaban a Cristina. Luego de eso irá a la Fiscalía para seguir presionando con las diligencias.

Según las cifras que maneja esta entidad, de enero a octubre del 2021 se registraron 54 femicidios. Sin embargo, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos, mediante un registro desde la sociedad civil, han sumado 197 muertes violentas relacionadas con razones de género (ver infografía).

Según la Fundación Aldea, ese año fue el más violento contra mujeres y niñas desde que se tipificó el femicidio, el 10 de agosto del 2014.

Lissette Pardo, abogada penalista y experta en violencia de género, señala que a pesar de las cifras alarmantes de víctimas por femicidio o de desaparecidos, el Estado no responde y “eso es violencia estatal”, la cual debe ser sancionada y reprochada por la sociedad.

María de Lourdes Mejía es otra víctima colateral de las estadísticas. Es representante de la Fundación Desendor (Desaparecidos en Ecuador), organismo sin fines de lucro que representa y que inició hace más de una década, en una página web, para poder encontrar a su hija, María Fernanda Guerrero, quien desapareció la tarde del 15 de enero del 2010.

La organización está ubicada en La Marín, en el centro de la capital. Allí conversa con familiares de personas que desaparecieron en las últimas semanas. Los ayuda a imprimir carteles para su búsqueda y también con asesoría para que sepan cuál es el proceso judicial que deben seguir para encontrar a sus parientes.

Hoy este grupo de activismo social cuenta con 1.056 voluntarios y familiares de desaparecidos. Y la entidad pretende internacionalizarse.

No haber encontrado a su hija no la desanima. A pesar de que el principal sospechoso, el exesposo de la mujer desaparecida, quien podría ayudar con evidencias para hallar su cuerpo, está en la tumba.

Dicho individuo fue uno de los 79 reos asesinados en los cuatro motines simultáneos que se dieron en febrero del 2021. Cumplía una pena de 25 años por asesinar a una joven en El Carmen (Manabí).

Cuando Mejía se enteró del hecho, lloró devastada. Tenía miedo del implicado porque en varias ocasiones la amenazó, pero lo quería vivo para encontrar justicia. “No lo puedo asimilar, hasta el día de hoy, porque ese tipo se llevó la verdad con su muerte”.

Este 8 de Marzo presentará un manifiesto en la Asamblea, para exigir al Estado acciones para encontrar justicia, verdad y reparación para los familiares de las víctimas. “Como madres, como mujeres, somos guerreras y debemos seguir en pie”.