Las últimas cifras del INEC demuestran un estancamiento del país en su capacidad de generar empleo. El ministro del Trabajo admite este escenario, pero se muestra positivo y con la aspiración de que esta realidad pueda revertirse a partir del próximo año. Su fe está puesta en las políticas de incentivo que desde su Cartera viene creando, pero también en la dinámica que cree se concretará en el sector privado, tras el compromiso de invertir $ 10.000 millones.

- Cuando en junio el INEC presentó los datos de empleo usted dijo que no estaba de acuerdo, porque esto no concordaba con sus registros. Eso nos llamó la atención porque el INEC tiene otra forma de medición. Lo hace a través de encuestas...

- Lo que ocurrió la vez pasada fueron dos cosas: los resultados del INEC estaban bien, pero lo que no estaba bien era la interpretación que le dieron ciertos actores políticos y dirigentes gremiales que decían que en el país se habían perdido 180.000 empleos. Y eso no coincidía con los 300.000 registros que teníamos, relacionados con nuevas plazas de trabajo creadas, con regularizaciones de años anteriores que al ser regularizados se muestran como registros nuevos. Lo otro, con lo que no estuve de acuerdo, y eso ahora con el INEC hemos concordado, es que estamos haciendo una mala interpretación con el tema del empleo pleno al creer que son solo los que tienen contrato de trabajo y no es así. Lo que se está registrando son los empleos que tienen contrato de trabajo y que no son temporales.

- ¿Y cómo se lo debería medir?

- Todos esos contratos que son temporales están en el subempleo, pero no debe ser así. Por más de que sea un empleo temporal (así la actividad económica lo exige) no deja de ser formal. Y en la formalidad no hay precarización, en el empleo temporal no hay precarización. Por ello estamos proponiendo crear la categoría de “empleo formal”. Creemos que para la siguiente medición en diciembre deberíamos tener ya esa categoría lista.

- ¿Cómo ve los datos de este último trimestre?

- Las cifras que ha presentado el INEC demuestran un proceso estable que no nos tranquiliza. Eso significa que no estamos bien, pero tampoco que estamos mal. Estamos mejor que hace año y medio, fecha en la que no teníamos más de 300.000 contratos, pero es cierto que seguimos con problemas de empleabilidad.

- Llaman la atención las cifras de Guayaquil, que hoy tiene la tasa más baja de desempleo. ¿Por qué esta recuperación?

- Se debe a las distintas iniciativas que el Gobierno ha encaminado: facilidades normativas como es el caso de la modalidad de trabajo; como la Ley de Fomento Productivo, que plantea el tema de condonación de intereses, de la entrega de los créditos que ha tenido como consecuencia una reactivación, todavía lenta, pero ya una reactivación.

- Pero son políticas que se aplican a nivel nacional. ¿Por qué su incidencia no ha sido la misma en otras ciudades?

- Porque en ciudades como Quito tuvimos un fenómeno sui géneris. En los últimos 3 meses vivimos la extrema migración de los hermanos venezolanos. Hubo semanas en la que tuvimos más de 5.000 personas en la frontera. Eso generó un número adicional de migrantes que ingresaron a Ecuador, la mayor cantidad de ellos (unos 50.000) se quedaron en la capital. Esto fue lo que generó la baja de empleo en Quito. En Guayaquil no tuvimos ese fenómeno en gran medida. Si esto no hubiera sucedido hubiésemos tenido cifras más estables de forma en general, y con tendencia al alza. Pero esta es una realidad que hay que entenderla, acogerla y seguir apoyando ese proceso de regularización de los migrantes que vengan.

- ¿Cuántos venezolanos han accedido a un empleo formal?

- No tenemos la cifra porque todos los días encontramos nuevos casos. Pero hasta la fecha hemos hecho más de 5.000 inspecciones, de las cuales el 70 % ha entrado a un proceso de regularización y el 30 % está en un plazo de regularización. Ahora estamos trabajando en un mayor control. Hemos creado una línea de denuncia para que los casos de irregularidad sean denunciados de forma reservada. Pero imposible ahora determinar el número de cuántos estén trabajando.

- ¿Y cómo avanza el tema de la optimización y su efecto en el empleo público?

- Hace 3 semanas se suscribieron los decretos de fusión de ministerios y tenemos junto con Senplades un plazo de 30 días para ya terminar el proceso de regularización. Claro que habrá desvinculaciones. Se han calculado entre 900 y 1.500 funcionarios, pero eso dependerá de un análisis de perfil de puestos y de la matriz de competencia.

- Pero pese a esta optimización, se dice que el gasto corriente se ha incrementado un 5 % este año. El Foro Económico cuestiona que el Gobierno aún mantenga en sus filas a 38.000 ejecutivos que ganan más de $ 5.000 mensuales...

- Se omite decir que el incremento del gasto se da porque hemos abierto nuevos hospitales, nuevos centros educativos. Por supuesto que hemos incrementado el número de trabajadores, pero el 98 % es en educación, salud y seguridad. Ahora lo otro no es verdad, el único que puede ganar eso es el presidente de la República. Por el contrario, el decreto hizo que los jerárquicos superiores se bajen un 10 % los sueldos.

- ¿Sigue en pie la meta de los 250.000 empleos que no podrán cumplir este año?

- Como hemos dicho, se ha cumplido con más de 300.000 empleos entre regularizados y nuevos, que no existían hace año y medio... Nosotros estamos seguros de que por lo menos estamos bordeando los 150.000 contratos (nuevos). Pero si bien, eso no cumple con las expectativas, no deja de ser importante la regularización laboral que está ocurriendo en este Gobierno.

- ¿Qué panorama nos espera el próximo año?

- Yo estoy muy optimista con respecto a los convenios de inversión (por más de $ 10.000 millones) que se han suscrito a través del Ministerio de Comercio Exterior y estoy seguro de que el próximo año vamos a tener visibilizados más de 200.000 empleos. Estoy seguro de que la Ley de Fomento Productivo y el uso de nuevos contratos laborales tendrán su efecto y que vamos a tener más empleo como consecuencia de estos y otros beneficios, como los créditos para el sector privado o los incentivos que se entregan a las empresas a través de programas de pasantías que buscan insertar a los jóvenes al mercado laboral.