El Pleno de la Asamblea aprobó este martes 20 de febrero, con 123 votos, la resolución presentada por la legisladora Paola Cabezas para que la Comisión de Garantías Constitucionales continúe con la fiscalización del Censo Nacional de Población VII de Vivienda y I de Comunidades.

Con ello, la mesa legislativa tendrá “la competencia de fiscalizar las inconsistencias técnicas, costos en la implementación, además de verificar y constatar los resultados del Censo Nacional 2022, con la participación activa de los pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montuvio”.

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Antes de la votación, Paola Cabezas dijo que “el 21 de septiembre de 2023 se anunciaba que éramos 16’938.986 ecuatorianos y ayer, 19 de enero, como por arte de magia, ya somos 17’700.000”.

Ella señaló varias cifras: que en 2001 los afroecuatorianos eran el 4,8 % de la población ecuatoriana, en el 2010, el 7,2 % y en 2022, nuevamente el 4,7 %. “Esto no tiene lógica técnica y es inconsistente con lo ocurrido en censos pasados y la proyección de crecimiento poblacional”, cuestionó Cabezas.

El área de Prensa de la Asamblea detalló en un comunicado que tras la fiscalización se elaborará un informe no vinculante.

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